El parlamentario representante de la región del Biobío, ingresó un oficio a la Contraloría General de la República en el que acusa al Presidente Gabriel Boric de infringir los principios de probidad administrativa y prescindencia política. La acción se originó tras conocerse una reunión sostenida por el Mandatario con dirigentes del Partido Radical, Leonardo Cubillos, y del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, para abordar la negociación de cupos parlamentarios.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) explicó que la decisión de acudir al órgano contralor se fundamenta en informaciones difundidas por el diario La Tercera, que revelaron que el Presidente habría sostenido una videollamada en horario laboral y presuntamente desde dependencias de La Moneda, con el objetivo de definir acuerdos políticos-electorales en el distrito 8. Según el legislador, esta situación representa un grave incumplimiento de las obligaciones constitucionales de la máxima autoridad del país.
Al respecto, Arroyo sostuvo que no se puede relativizar el uso de recursos públicos con fines partidarios. “Acabo de presentar una demanda en Contraloría contra Gabriel Boric debido a que fue conocida su gestión e intervención en situaciones políticas electorales, en horarios laborales y utilizando recursos fiscales para intervenir en la situación electoral de un distrito en particular”, afirmó.
En ese contexto, el parlamentario subrayó que las normas que rigen la probidad y la prescindencia política están claramente definidas en la Constitución y en la legislación vigente. “Los principios de presencia política e intervencionismo político de parte de las autoridades están bastante normados y establecidos, y en esta oportunidad espero que Contraloría investigue, ratifique y sancione estas actitudes y situaciones que le hacen muy mal a la democracia”, agregó.
El oficio fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y a la contralora general, Dorothy Pérez, solicitando formalmente que se indague el actuar del Mandatario. El documento recuerda que el principio de probidad obliga a anteponer el interés público sobre cualquier beneficio particular, y que la prescindencia política prohíbe a las autoridades usar tiempo, dependencias o recursos del Estado para favorecer a partidos o candidaturas.
Finalmente, Arroyo recalcó que la institucionalidad chilena debe resguardarse con firmeza, más aún cuando se trata del propio Presidente de la República. “Espero que esta denuncia permita dar una señal clara de que ninguna autoridad está por sobre la ley. Chile necesita transparencia, respeto por la democracia y una clara separación entre las funciones de Estado y los intereses electorales”, concluyó.