Las incongruencias en el juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, que debía continuar este 8 de abril, son muestra del secuestro a que poderosos grupos económicos han sometido a la justicia en este país, dijo a Sputnik el activista social, Luis Méndez.
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«Son grupos económicos de mucho poder que desde la década de los años 70 instalaron el proyecto de la narco-política y nunca han sido tocados, siempre el sistema de justicia se blindó para protegerlos», afirmó a Sputnik Méndez, activista social en el grupo de defensa de la tierra Asociación Campesina Pro Mejoramiento y Defensa de Jutiapa.
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El juicio contra Roberto David Castillo, acusado de la coautoría intelectual del asesinato de la lideresa del pueblo indígena lenca Berta Cáceres (1973-2016), fue suspendido el 7 de abril apenas en su segunda jornada, cuando la defensa del imputado apeló a nuevas maniobras dilatorias.
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«El juicio es clave porque en el asesinato de la compañera Berta detrás de los gatilleros estuvo David Castillo y detrás de Castillo la corporación DESA [Desarrollos Energéticos, S.A.] y la familia Atala Zablach, dueños del proyecto de la hidroeléctrica de Río Blanco», opinó.
Méndez señaló que las corporaciones se protegen, el sistema de justicia está totalmente a disposición de esas empresas, de los fiscales, de la propia Corte Suprema de Justicia que siempre van a proteger intereses.
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Refirió a los intentos de suspender el proceso judicial contra Castillo desde el primer día, cuando no pudieron, a pesar de que comenzó con casi cuatro horas de retraso.
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«Presión internacional»
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«Existe una presión internacional fuerte, en la cual participa hasta la misma Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea y otras sedes diplomáticas como las de Alemania y Francia, que presionan a la Corte Suprema para que haya castigo a los culpables, pero como este es un estado paralizado, con un sistema de justicia capturado, entonces están dándole largas», expuso Méndez.
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El también analista político agregó que lo que esperan «es que después de David Castillo se llegue a los verdaderos autores intelectuales, que son los miembros de la familia Atala».
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Por ese crimen fueron condenados en noviembre de 2018 los siete integrantes de la organización criminal encargada del sicariato, entre ellos un gerente de DESA, un mayor del Ejército hondureño y dos exoficiales de esa institución castrense.
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La parte acusadora considera que David Castillo, un exoficial de inteligencia graduado en la academia militar estadounidense de West Point, fue el enlace entre los Atala Zablach y los ejecutores del homicidio de la activista.
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El 7 de abril, tras la suspensión del juicio hasta nuevo aviso por una recusación de la defensa, la parte acusadora presentó pruebas sobre el pago de Daniel Atala a David Castillo que coinciden con conversaciones sobre promoción de logística a la estructura sicarial, dos días antes del asesinato.
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