BUENOS AIRES – El fiscal federal argentino Franco Picardi impulsó la apertura de una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, coaccionó e intervino de manera ilegal en el conflicto entre las comunidades mapuches y los propietarios formales de tierras en beneficio de estos últimos.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
Picardi pidió abrir una causa «contra Bullrich por si actuó fuera del marco legal y sus atribuciones» en relación a las comunidades mapuches, informaron fuentes judiciales.
El fiscal pidió al juzgado federal nº 5, que lleva adelante María Eugenia Capuchetti, la apertura del expediente que involucra a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad, incluido el secretario, Pablo Noceti, a fin de indagar si se realizaron tareas de inteligencia ilegales junto con los carabineros de Chile para involucrar a determinados dirigentes de la comunidad mapuche.
Los funcionarios habrían contribuido a proteger los negocios inmobiliarios que se mueven en torno a los territorios que reclaman los indígenas por ser tierras ancestrales, según Picardi.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad habría intentado criminalizar al movimiento Resistencia Ancestral Mapuche para construir en «una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas», alegó Picardi.
Debe indagarse si «han utilizado los recursos estatales a su disposición para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad en las mismas así como las de miembros de las fuerzas de seguridad e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos acaecidos», añadió en su dictamen.
A lo largo de su documento, el fiscal recordó la situación actual que atraviesan las comunidades indígenas de acuerdo al informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia tras su viaje al país en mayo de 2016.
Picardi pidió distintas medidas de prueba, entre las que se encuentran declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación pertinente y pedidos de colaboración internacional.
Denuncia
La causa judicial se originó con una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Esa organización denunció a Bullrich y a otros funcionarios de su cartera por las políticas que llevaron a cabo en relación a las comunidades mapuches desde su asunción en diciembre de 2015.
La APDH denunció en concreto «un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios».
Bajo la conducción de Bullrich, los funcionarios recurrieron en exceso a la figura de flagrancia como si hubieran tenido que intervenir en conflictos violentos que en ocasiones terminaron con víctimas mortales, como la del activista Santiago Maldonado y del mapuche Rafael Nahuel.
La Constitución argentina reconoce «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas» y garantiza «el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan».
Los últimos gobiernos, incluido el actual de Mauricio Macri y el anterior de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), apenas han avanzado en el relevamiento de tierras o en el reconocimiento de derechos de las comunidades.