Hasta la Contraloría General de la República llegaron este viernes las concejalas de Ñuñoa Emilia Ríos (RD), Paula Mendoza (PS), Patricia Hidalgo (PPD), Alejandra Placencia (PC) y el concejal Camilo Brodsky (CS), quienes interpusieron una denuncia contra la municipalidad, liderada por el alcalde Andrés Zahri, por posibles irregularidades ocurridas en la ejecución del contrato establecido entre el municipio y la empresa DeMarco S.A, una firma de KDM, la misma empresa que ya tuvo un conflicto por perjuicio fiscal durante el periodo administrativo del ex alcalde Pedro Sabat.
DeMarco S.A se adjudicó en mayo de 2018 la licitación por los servicios de recolección de residuos domiciliarios de la comuna de Ñuñoa, entre los que se incluía la construcción, mantención y funcionamiento de diez contenedores soterrados para evitar los microbasurales, los cuales hasta la fecha no han sido instalados.
“Recurrimos a la Contraloría porque la Municipalidad no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria a la situación que involucra el no cumplimiento del contrato de basura que tenemos vigente hace un año en la comuna. Queremos saber por qué el municipio sigue pagando por un servicio que no existe y no ha cobrado las multas correspondientes. Este es uno de los contratos más importantes que tiene el municipio, de unos 250 millones de pesos mensuales. Necesitamos que la Contraloría pueda investigar, dar su opinión y resolver si es que se requiere tomar medidas administrativas, civiles o penales que correspondan”, indicó Emilia Ríos, concejala y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.
Por su parte, la concejala Paula Mendoza indicó que “esta denuncia tiene por objetivo que se esclarezcan las responsabilidades, a quién le conviene que estas multas no se estén cobrando, cómo es posible que el alcalde de Ñuñoa esté convencido que este servicio se esté dando cuando se trata de un producto absolutamente inexistente”.
Cabe destacar que el municipio no ha cursado multas, las cuales al 31 de julio de 2019 alcanzarían los $1.020.284.500, y en consideración de los incumplimientos sucesivos tampoco ha hecho efectiva la cláusula de término anticipado de contrato que corresponde aplicar de acuerdo a las bases administrativas vigentes.
“Lamento profundamente que Ñuñoa esté frente a un ‘Caso basura 2’ porque el daño al patrimonio municipal es de tal envergadura, que estamos hablando de multas no cursadas por favorecer a una empresa que alcanzan los mil millones de pesos a la fecha y consideramos que esa forma de meterle la mano al bolsillo a nuestros vecinos y vecinas es algo que me parece impresentable. Con ese dinero se podrían haber adquirido 40 mil luminarias, 80 semáforos, 30 ambulancias, más de 100 cámaras de televigilancia”, agregó la edil Patricia Hidalgo.
Según la concejala Alejandra Placencia esta no es la primera negligencia de la administración alcaldicia, pues “hay un sumario en curso que hasta ahora no ha arrojado la exigencia de haber cursado las multas por parte de los funcionarios correspondientes, a cargo de este procedimiento”.
Las concejalas y concejales presentaron en la Contraloría todos los antecedentes de este nuevo “caso Basura” en Ñuñoa, a fin de que ésta última fiscalice y se pronuncie respecto a un grave daño a las arcas municipales.