Transcurrido más de un año del llamado estallido social, aún siguen en prisión preventiva, centenares de manifestantes que expresaron una voluntad de cambio y transformación del orden social y político sustentado en una economía que privilegia el mercado y en la Constitución heredada de la dictadura.
En nuestra opinión, y considerando los criterios doctrinarios más exigentes solos cabe calificarlos como presos políticos, por cuanto los actos que se les reprochan son hechos realizados por motivaciones y fines de protesta social y persiguen cambios políticos. Miles de jóvenes fueron privados de libertad por conducta de protesta social que se han disfrazado por parte de la autoridad como conductas antisociales, pero la sociedad chilena, aquella movilizada en las calles exigiendo condiciones de vida digna y aquella que se expresó en los resultados del plebiscito asume que ellos presos políticos.
CODEPU, a partir de estas consideraciones tanto de forma como de fondo, señala que con urgencia debe alcanzarse la libertad de todos los detenidos por participar de las jornadas de protesta social.
De forma, dado que, a partir de las condiciones de su juzgamiento, debemos concluir que han debido soportar un trato discriminatorio y vulneratorio de las reglas del debido proceso. No se ha respetado la presunción de inocencia. Han debido soportar un rigor excesivo en el otorgamiento de medidas cautelares y en la tipicidad de las conductas que se le imputan con abiertas consideraciones de peligro político y reproche a la contingencia hacia ellos vertido incluso en resoluciones judiciales.
Los presos políticos han debido enfrentar la abierta injerencia del Poder Ejecutivo con declaraciones públicas, llamados abiertos de ministros y subsecretarios a los jueces y fiscales para direccionar los procesos.
Si a ello agregamos, los problemas probatorios en sus expedientes, dado que uno de los principales medios probatorios los realiza Carabineros, institución sobre la cual existen graves cuestionamientos que conllevan a su necesaria refundación.
Al mismo tiempo ha existido una disposición negativa u obstrucción por parte de Fiscalía para el acceso a salidas alternativas, la tipicidad de los delitos es aberrante, abusiva o excesiva. Se establecen, como una forma de castigo, plazos excesivos de investigación. Los presos políticos además de sobrellevar las duras condiciones de encarcelamiento han resistido, en ocasiones, conductas agresivas alentadas por las autoridades carcelarias.
Reiteramos, la demanda de su pronta libertad encuentra razones de fondo. El reconocimiento de la motivación política de sus acciones como parte de la histórica dinámica de manifestaciones sociales y populares que abrió las puertas de este proceso constituyente al que hoy asistimos y que goza de un respaldo inmensamente mayoritario.
Cómo CODEPU, no nos parece justo ni ético que aquellos que fueron los precursores de ese proceso, que abrieron la ventana a los nuevos aires que revivifican Chile, continúen encarcelados y sufran largos años de prisión.
La libertad de los presos políticos es una tarea urgente.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por CODEPU – La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, es una organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, el 8 de noviembre del año 1980. Desde hace 30 años asiste a las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad.
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