La Contraloría detectó irregularidades en viajes nacionales e internacionales realizados por autoridades, funcionarios y consejeros regionales del Gobierno Regional del Biobío entre 2022 y 2024, y formuló reparos por $100.436.919 tras identificar incumplimientos normativos y gastos cuyo beneficio institucional no fue acreditado.
El Informe Final de Investigación Especial N° 169 de 2026, elaborado por la Contraloría Regional del Biobío, examinó el cumplimiento de la normativa y el uso de recursos públicos en estas comisiones de servicio.
Entre los hallazgos, se detectó que el GORE autorizó la participación de funcionarios en viajes al extranjero junto al entonces gobernador regional sin contar con una habilitación legal expresa ni con las autorizaciones excepcionales exigidas por la normativa.
Gastos observados en viajes del GORE Biobío
La fiscalización derivó en reparos por un total de $100.436.919, de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336.
Además, la Contraloría identificó gastos por $98.627.794 respecto de los cuales el Gobierno Regional deberá acreditar documentalmente los resultados, aportes o beneficios institucionales obtenidos mediante los cometidos financiados con recursos públicos. Para ello, deberá remitir los antecedentes a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Las observaciones incluyen gastos asociados a actividades que finalmente no se realizaron, participación de funcionarios y terceros sin justificación suficiente y desembolsos cuyos resultados o beneficios para la institución no pudieron demostrarse.
Deficiencias en la compra de pasajes y comisiones de servicio
El informe también detectó falencias en los procesos de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales. Entre ellas, compras sin la anticipación requerida, emisión tardía de órdenes de compra, incumplimientos de las bases de licitación y falta de antecedentes que respaldaran la elección de determinadas alternativas de vuelo.
Asimismo, se observó una comisión de servicio realizada en Estados Unidos por una funcionaria, respecto de la cual no se acreditó suficientemente la relación del viaje con las funciones de su cargo ni la existencia de un interés público debidamente justificado.
Frente a esta situación, la CGR ordenó adoptar medidas para gestionar el reintegro de los recursos observados y, de ser necesario, ejercer las acciones administrativas y judiciales correspondientes para obtener su restitución.