Los parlamentarios Roberto Arroyo, Lilian Betancurt, Catalina Del Real y Macarena Santelices advirtieron sobre los riesgos de adquirir inyectables para bajar de peso fuera de los canales autorizados y plantearon fortalecer los controles sobre redes sociales, plataformas digitales y el ingreso de estos productos al país.
Los diputados Roberto Arroyo (PDG), Lilian Betancurt (PDG), Catalina Del Real (REP) y Macarena Santelices (REP), integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara, manifestaron preocupación por la comercialización en redes sociales de productos inyectables con semaglutida ofrecidos para bajar de peso sin registro sanitario. El ISP registra 1.324 notificaciones de reacciones adversas asociadas a semaglutida entre 2020 y agosto de 2026, mientras los antecedentes solicitados a las autoridades buscan conocer denuncias, fiscalizaciones, decomisos, eventuales casos graves y las medidas adoptadas para retirar publicaciones de venta ilegal.
Arroyo sostuvo que “estamos hablando de personas que pueden estar inyectándose un producto comprado por redes sociales sin tener ninguna certeza de qué contiene, cómo fue fabricado o si fue correctamente almacenado”. El parlamentario agregó que “esto no puede tratarse como una simple compra por internet, porque estamos frente a un riesgo para la salud”, y planteó que se requiere “más fiscalización, detectar cómo están ingresando estos productos al país y contar con herramientas que permitan retirarlos rápidamente de circulación”.
Betancurt, en tanto, puso el foco en quienes recurren a estas ofertas buscando alternativas para bajar de peso. “Aquí muchas veces hay personas que están buscando una solución y terminan confiando en una publicación de redes sociales sin saber realmente qué se están inyectando”, señaló. La diputada agregó que “tenemos que prevenir antes de lamentar consecuencias graves” y comentó que la ciudadanía necesita “información clara sobre los riesgos y también tener la certeza de que las autoridades están fiscalizando a quienes hacen negocio poniendo en peligro la salud de las personas”.
Del Real apuntó a la responsabilidad de las plataformas digitales y afirmó que “las redes sociales no pueden transformarse en una farmacia clandestina donde cualquiera ofrece medicamentos inyectables sin control alguno”. La parlamentaria añadió que, cuando exista una publicación vendiendo un producto sin autorización sanitaria, “debe haber mecanismos rápidos para bajarla, identificar al responsable y entregar los antecedentes a las autoridades”. En esa línea, sostuvo que “el mercado ilegal se modernizó y el Estado también tiene que modernizar su capacidad de fiscalizar”. Entre los antecedentes solicitados también se busca conocer la coordinación existente con las plataformas para retirar este tipo de publicaciones.
Finalmente, Santelices llamó a distinguir los tratamientos autorizados de los productos comercializados ilegalmente. “No podemos generar alarma respecto de medicamentos que están debidamente registrados y son utilizados bajo supervisión médica, pero sí tenemos que ser implacables con quienes venden inyectables de procedencia desconocida aprovechándose de personas que buscan bajar de peso rápidamente”, afirmó. La diputada agregó que es necesario “reforzar la prevención, fiscalizar las redes sociales y sancionar a quienes están jugando con la salud de los chilenos”. Las solicitudes enviadas a las autoridades contemplan además revisar los controles en Aduanas y la coordinación entre el Ministerio de Salud, ISP, seremis, policías y Ministerio Público.