El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) por apremios ilegítimos. El delito ocurrió en abril de 2021 en Quilicura, donde los policías persiguieron y dispararon a un vehículo y a sus ocupantes sin una causa justificada. El tribunal rechazó aplicar la ley 21.560 —conocida como ley Nain Retamal— pues descartó que existiera alguna agresión contra los policías.
La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue querellante en esta causa. Al respecto, la jefa regional, Beatriz Contreras, aseguró que «este fallo unánime confirma lo que sostuvimos desde un comienzo: la huida de un vehículo ante un procedimiento policial no es una justificación automática para disparar. El uso de armas de fuego exige estrictamente el respeto a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad».
Además, la abogada añadió que «la presunta agresión que invocaban los funcionarios no tuvo sustento alguno y se acreditó que las víctimas sólo eran trabajadores que huían con pavor al pensar que estaban siendo asaltados por un auto particular. Como INDH valoramos este resultado, que reafirma que el uso desmedido de la fuerza genera daños psicológicos profundos e irreparables que deben ser sancionados para evitar que la impunidad propicie la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos».
De acuerdo con la sentencia, el vehículo donde iban tres funcionarios de la PDI carecía de logos o señales institucionales de identificación y persiguió a un auto particular, en ese marco, uno de los funcionarios policiales percutó «disparos injustificados». Cuando la persecución había concluido, otro policía se bajó y «abusando de su cargo, sin justificación razonable, de modo desproporcionado e infringiendo los reglamentos institucionales de uso de la fuerza y especialmente de armas de fuego, disparó injustificadamente en tres oportunidades hacia el vehículo», sostuvo el tribunal.
De manera unánime, los jueces determinaron que, si bien la ley 21.560 estableció una protección jurídica reforzada para las actuaciones policiales bajo ciertas circunstancias o supuestos, esa reforma no consagra inmunidad absoluta ni exención automática de responsabilidad penal. Las pruebas descartaron alguna agresión en contra de los funcionarios policiales.
El tribunal impuso a uno de los sentenciados la pena de 61 días de presidio y la suspensión de cargos u oficios públicos durante ese tiempo. Al segundo, 300 días de presidio y también la suspensión de cargos u oficios públicos. Finalmente dispuso a ambos la pena sustitutiva de remisión condicional por un año, debiendo quedar sujetos al control de Gendarmería de Chile durante ese lapso.
¿Qué son los apremios ilegítimos y por qué actúa el INDH?
La ley 20.405, que creó el INDH, establece que al Instituto le corresponde deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. Es en el ejercicio de esta atribución, que el INDH emprende querellas sobre hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas.
En Chile el delito de apremios ilegítimos está tipificado en el Código Penal a través de la ley 20.968, promulgada en 2016. La legislación establece una escala de gravedad, cuyo nivel más alto es el de tortura. El segundo nivel se define bajo los términos de «apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura». El tercer nivel, menos intenso, es el delito de vejaciones injustas que consiste en acciones que tienen el fin de humillar y maltratar.
Estos delitos, en principio, sólo pueden ser cometidos por empleadas y empleados públicos, por particulares en ejercicio de funciones públicas o por instigación o con el consentimiento de funcionarios públicos. Detalles sobre las definiciones y análisis de sentencias aplicadas en estos delitos, se encuentran disponibles en el volumen «Jurisprudencia destacada del INDH. Sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos».