La iniciativa promovida por Roberto Arroyo, Patricio Briones y Fabián Ossandón busca sancionar el envío de mensajes fraudulentos antes de que se concrete el perjuicio y obligar a las empresas de telecomunicaciones a detectarlos y bloquearlos.
Los diputados Roberto Arroyo (indep), Patricio Briones (PDG) y Fabián Ossandón (PDG) impulsan la denominada “Ley Neme”, un proyecto que busca enfrentar las estafas mediante mensajes de texto luego del caso que afectó al periodista José Antonio Neme, quien perdió más de $1,2 millones al ingresar a un enlace asociado a un supuesto cobro pendiente del TAG.
El comunicador había cambiado recientemente de vehículo y todavía no recibía el nuevo dispositivo, por lo que consideró creíble el mensaje que advertía una deuda por circular sin TAG. El enlace lo condujo a una página prácticamente idéntica a la del Ministerio de Obras Públicas, donde apareció un cobro de $5.300. Sin embargo, después de ingresar sus datos bancarios, la transacción se realizó por una cifra superior a $1,2 millones.
La iniciativa parlamentaria apunta a combatir el smishing , modalidad mediante la cual los delincuentes suplantan a bancos, autopistas, servicios de encomiendas u organismos públicos para obtener claves, códigos de verificación y datos personales o financieros. Actualmente, la persecución ocurre principalmente una vez consumado el engaño, mientras que el proyecto propone sancionar el envío del mensaje fraudulento aunque todavía no se haya producido un perjuicio económico.
“Hoy existe un vacío que permite que quienes envían miles de mensajes fraudulentos solo sean perseguidos cuando la estafa ya se concretó. Con la ‘Ley Neme’ buscamos adelantarnos al daño, sancionar la suplantación desde el momento en que se intenta engañar a una persona y obligar a las empresas de telecomunicaciones a colaborar activamente en su prevención”, explicó Arroyo.
La propuesta también establece que las compañías de telecomunicaciones deberán adoptar medidas técnicas para detectar y bloquear envíos masivos que suplanten la identidad de instituciones o contengan enlaces asociados a actividades fraudulentas. Además, tendrán que verificar a quienes contraten servicios de mensajería masiva y mantener un registro que pueda ser requerido por el Ministerio Público o los tribunales.
El legislador Patricio Briones advirtió que “estas estafas se aprovechan de la confianza y del desconocimiento de las personas, especialmente de los adultos mayores y de quienes tienen menos herramientas para identificar un enlace falso. No podemos seguir esperando que las víctimas pierdan sus ahorros para recién actuar”.
Por su lado, el congresista Fabián Ossandón agregó que “las empresas de telecomunicaciones no pueden limitarse a transportar mensajes cuando existen patrones claros de envíos masivos y enlaces maliciosos. Esta iniciativa establece responsabilidades concretas para detectar y bloquear comunicaciones fraudulentas y proteger a las familias”.