Diputada Marlene Pérez alerta por el retraso en la tramitación de la nueva Ley de Incendios

La diputada reelecta por la Región del Biobío expresó con claridad que sigue siendo una deuda del Estado no haber logrado aún una Ley de Incendios robusta, especialmente después de las tragedias vividas en los últimos años, que incluso han cobrado vidas humanas. “Resulta inentendible que, pese a la magnitud del daño sufrido en el país y en nuestra región, no hayamos sido capaces de avanzar en un acuerdo que permita contar con una normativa moderna y eficaz”, señaló la parlamentaria.

El Biobío concentra más del 45% de la superficie de plantaciones forestales del país y es la principal región forestal de Chile. Solo en 2024, el sector exportó más de 3.600 millones de dólares, cifra que representa cerca del 70% de todas las exportaciones regionales. A nivel nacional, la actividad forestal aporta alrededor del 3% del PIB y genera más de 100 mil empleos directos —y cerca de 300 mil considerando toda la cadena productiva—, con una parte importante de ellos concentrados en el Biobío y la macrozona forestal.

La diputada Pérez enfatizó que “cuando hablamos de incendios, no hablamos únicamente de bosques: hablamos de empleo, inversión, exportaciones y del sustento de miles de familias. Esa magnitud exige que la ley esté a la altura”.

En esta línea, la diputada del Distrito 20 coincidió con lo planteado por el presidente regional Alejandro Casagrande, quien sostuvo que es impresentable que, después de los mega incendios de 2017 y 2023, el país siga sin una Ley de Incendios moderna y robusta. A su juicio, se requiere una legislación que aborde de manera integral los cuatro pilares de la gestión del fuego: prevención, combate, investigación y recuperación.

Finalmente, la diputada Marlene Pérez señaló que seguirá insistiendo al Senado en la necesidad de avanzar y concretar una Ley de Incendios moderna, que fortalezca la prevención y refuerce con mayor fuerza la investigación y la persecución de la intencionalidad. “Cada peso invertido y cada puesto de trabajo que depende del sector forestal merece estar protegido por un marco legal sólido y acorde a la realidad de nuestra región”, afirmó.