Este lunes, el Senado aprobó la acusación constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por «notable abandono de deberes», además de la destitución del —ahora— exministro.
Por medio de redes sociales, el Senado informó lo siguiente: «Por 44 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el primer capítulo de la Acusación constitucional que Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez».
[AHORA]📝Por 44 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el primer capítulo de la Acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.
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Por otro lado, detallaron que, «por 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el segundo capítulo de la Acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez».
[AHORA]📝Por 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el segundo capítulo de la Acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.
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el pasado 29 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la acusación con 141 votos a favor, mientras que solo María Luisa Cordero (RN) votó en contra y José Miguel Castro (RN) y Sergio Bobadilla (UDI) se abstuvieron.
Cabe señalar que, el juez Ulloa enfrenta cuestionamientos por haber traspasado información reservada de la Corte al abogado Luis Hermosilla, además de haber intervenido en nombramientos judiciales y no haberse inhabilitado en causas donde mantenía vínculos con intervinientes.
En el marco del caso Audio, el magistrado fue sancionado por la Corte de Apelaciones con cuatro meses de suspensión, pena reducida a dos meses con medio sueldo tras una apelación ante la Corte Suprema, la misma que decidió mantenerlo en su cargo al no alcanzar el quórum necesario para su remoción.
Consultado por su situación en una entrevista con La Tercera, Ulloa declaró: “Fui imprudente, cometí errores, pero ya fui sancionado y no corresponde que me vuelvan a condenar”.
Argumentación
El primero en pedir la palabra fue el senador Iván Moreira (UDI), quien partió destacando que «aquí estamos cumpliendo con nuestro deber, como siempre. A la UDI nadie le da lecciones de ética y menos personajes con evidentes cuestionamientos».
Junto con expresar su voto a favor de la AC, afirmó que «los hechos recientemente conocidos y que involucran al Poder Judicial, son de gravedad extrema; el Poder Judicial ha fallado en su deber esencial de ejercer el control disciplinario de sus pares, el código de ética anunciado hace un par de semanas es muy poco y llega demasiado tarde; una norma sin sanción es una mera recomendación».
«Lo más dramático sobre lo que hemos conocido es que pone un manto de dudas sobre la imparcialidad de la justicia en nuestro país, justo cuando Chile enfrenta, quizás, el problema más grave de la delincuencia organizada y terrorismo de su historia, y pone en el mismo lugar a jueces y ministros corruptos», subrayó.
Luego fue el turno del senador Juan Luis Castro (PS), quien aseveró que «aquí no hay ni debate que pueda personalizarse ni algo ideológico, lo que está en juego es la confianza pública en la justicia (…) y por eso, en el primer capítulo, votaré a favor del notable abandono de deberes»; asimismo aprobó el segundo capítulo -referido a la imparcialidad-, y el tercero, relativo a la intervención indebida de nombramientos judiciales.
El senador Karim Bianchi (Ind.), quien votó a favor de los tres capítulos, expresó, por su parte, que «ese vergonzoso empate de 7 a 7 (votos) en el máximo tribunal (que rechazó removerlo de su cargo), es la razón por la que el pueblo, a través de sus representantes, debe actuar hoy. El Senado no puede validar que la élite judicial y política se curen a si mismas. En este año hemos destituido a dos exministros de la Corte Suprema, lo que demuestra que la contaminación es grave. Si hoy no actuamos con la máxima firmeza, estaremos condenando a Chile a convivir con la corrupción».
La senadora Carmen Gloria Aravena (Ind.), anunció su voto a favor de los tres capítulos del libelo, y aseveró que «un juez que utiliza su cargo para promover a otros o para negociar apoyos, deja de servir al derecho, para servir a sus vínculos. La intervención en nombramientos constituye una forma de tráfico de influencias institucional y el daño que causa no se repara fácilmente. Degrada la idea de justicia y lo sustituye a la lógica del poder».
Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (EVO), votó a favor de la acusación constitucional basándose en el primer capítulo -abandono de deberes-, pero respecto al segundo y tercer capítulo dijo no tener el mismo grado de convencimiento «de que los hechos que ahí se describen sean hechos constitutivos de incumplimiento grave de deberes».
La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo a su turno que «¿de qué sirve que sirve que se impongan a las autoridades todo tipo de prohibiciones para evitar influir en los tribunales de justicia si tenemos a personas que usan su cercanía con autoridades para influir indebidamente en las decisiones estatales? Conforme a los antecedentes que obran esta acusación, esta división entre los poderes se ha resquebrajado peligrosamente; restaurar su firmeza y solidez requiere que nosotros, quienes hacemos las leyes, nos preocupemos de las conductas ética de quien las aplica».
El senador Juan Ignacio Latorre (FA), planteó, por su parte, que el caso en votación «le hace un profundo daño a Chile, a sus instituciones. Más allá de la coyuntura electoral del próximo domingo, como Senado creo que estamos obligados a desprendernos del poder de años, de nombrar jueces por costumbres, unos para allá, otros para acá, la negociación binominal, porque creo que eso también es parte de una necesaria reforma estructural a la manera en cómo se nombran los altos cargos en el Poder Judicial, esta trenza entre el mundo político y mundo judicial, que se ve de manera muy nítida en el caso Hermosilla».