Diputados aprueban acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa: Queda suspendido hasta que se pronuncie el Senado

Cabe destacar que, previamente, los parlamentarios rechazaron la cuestión previa deducida presentada por la defensa del ministro, con 127 votos en contra, 15 abstenciones y solo uno a favor, determinando que la acusación era procedente, por lo que se pasó a evaluar la admisibilidad de la acusación.

Ahora el trámite seguirá en el Senado, siendo la Cámara Alta quien decidirá la posible destitución del cuestionado magistrado.

Igualmente, vale mencionar que este martes 28 de octubre la comisión revisora de la Cámara Baja había aprobado la admisibilidad del libelo contra el ministro con tres votos a favor y dos abstenciones.

Lo anterior sucede luego de que el pasado martes 30 de septiembre el pleno de la Corte Suprema determinara mantener a Ulloa en su cargo tras no alcanzar el quórum necesario.

En específico, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago es acusado de entregar información reservada al abogado Luis Hermosilla, además de vulnerar el deber de imparcialidad e intervenir en nombramientos dentro del Poder Judicial.

Tras la revelación de los chats con Hermosilla, se ordenó la apertura de un cuaderno de remoción en contra del juez y fue sancionado con una suspensión que lo alejó de su cargo durante dos meses.

Opiniones de la Sala por la acusación

Daniel Manouchehri planteó que la votación de hoy busca romper la red de corrupción que existe en el Poder Judicial. Mencionó que el juez Ulloa fue nombrado gracias a la gestión de Luis Hermosilla, a quien entregaba luego información reservada para qué éste sacara ventajas impropias. Estimó que el magistrado “es parte de una red social y poderosa, donde compartía con abogados – imputados por cohecho y soborno- y, luego, fallaba a favor de sus causas, sin inhabilitarse”.

Para Daniella Cicardini, “más daño le hace a nuestra sociedad un juez corrupto que cien delincuentes sueltos”. Enfatizó que aquí está en juego la credibilidad del sistema judicial. Además, aclaró que el deber del Congreso no es reemplazar a los tribunales, pero sí responder a la ciudadanía cuando se amenaza la democracia.

Johannes Kaiser consideró que el mismo sistema impulsa a que se produzcan irregularidades en el nombramiento de jueces. Estimó que está diseñado para que magistrados busquen nexos y usen el “besamanos” para avanzar en el Poder Judicial. Asimismo, afirmó que no existe independencia respecto del poder político. “Tenemos gente que ha sido declarada inocente o culpable por estos incentivos”, subrayó, acotando que “hay buenos y malos magistrados, pero, lo que hay peor, son las redes que se han producido históricamente”.

Por su parte, Camila Musante afirmó que esta acusación “se trata de defender la justicia” y cuestionó la falta de sanciones. Criticó, además, la falta de respuesta del máximo tribunal del país al señalar que “la Corte Suprema se ha convertido en la supremacía de la burla”. A su juicio, es necesario que “se acabe esa impunidad de una vez por todas”.

Para Lorena Fries, el libelo es claro, porque Ulloa ha vulnerado la probidad, la ética y los deberes esenciales del cargo. Planteó que su conducta, lejos de fortalecer la independencia judicial, abre espacios de influencias indebidas y relaciones con actores que buscan torcer la justicia para obtener beneficios personales. Sostuvo que Chile ha sido testigo de cómo algunos compran el acceso a la justicia, mientras la mayoría sólo pueden esperar. “Es un síntoma de una enfermedad grave, una justicia capturada por intereses”, concluyó.

Finalmente, Ana María Gazmuri destacó que los hechos denunciados implican “la violación de principios básicos del ordenamiento jurídico”. Igualmente, evaluó que “son la columna vertebral del sistema de justicia y que nos sostiene como sociedad”. “No se busca castigar ni humillar, sino reparar y señalar que nadie está por encima de la ley”, puntualizó.