Contraloría fiscaliza eliminación de 576 toneladas tras la mayor incautación de precursores químicos de la historia

El organismo se desplegó en el Puerto de Arica para controlar el proceso completo de eliminación de Acetato de Etilo. La operación incluye la quema de este químico en Antofagasta y busca asegurar la trazabilidad y disposición del material incautado.

El organismo se desplegó en el Puerto de Arica para controlar el proceso completo de eliminación de Acetato de Etilo. La operación incluye la destrucción de este químico en Antofagasta y busca asegurar la trazabilidad y disposición del material incautado. 

La Contraloría General de la República (CGR) realiza, en terreno, una completa fiscalización a todo el proceso de destrucción de 576 toneladas de Acetato de Etilo, uno de los más reconocidos precursores químicos que se utiliza en la elaboración de drogas ilícitas a nivel mundial.

Uno de los operativos más relevantes se desarrolló este fin de semana en el Puerto de Arica, donde un equipo de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota se constituyó para verificar el cumplimiento de las normas de almacenamiento, seguridad y disposición final del producto.

El decomiso corresponde a una carga abandonada desde 2020 y detectada por las autoridades en 2022. De acuerdo con estimaciones de la Policía de Investigaciones (PDI), la cantidad incautada habría permitido producir más de 60 toneladas de droga, valoradas en cerca de US$200 millones, según la misma entidad.

Durante el último mes, la CGR ha realizado auditorías y completas verificaciones logísticas para asegurar la trazabilidad del proceso, incluyendo el traslado del material desde el puerto hasta su destrucción final, que se efectúa en Antofagasta. Esto último, ha significado la organización y despliegue constante de fiscalizadores entre diversas contralorías regionales.

Ante la magnitud y cantidades que se manejan en este procedimiento, se estima que la eliminación total del químico se concretará dentro de este año.

Con esta acción, la Contraloría reafirma su rol fiscalizador en materias de alto impacto público y su compromiso con la transparencia en la gestión de recursos y procesos del Estado.