Diputada Cordero solicitó al Minsal incorporar la dermatitis atópica al GES y Ley Ricarte Soto

La parlamentaria ofició al ministerio solicitando información sobre el estado de avance en la cobertura pública para tratar esta enfermedad crónica, que afecta gravemente la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos.

Preocupada por la falta de cobertura pública para los pacientes que padecen dermatitis atópica (DA) en Chile, la diputada María Luisa Cordero (RN) ofició a la ministra y a la subsecretaria de Salud para exigir respuestas concretas respecto al avance de políticas públicas destinadas a mejorar el acceso a tratamientos dermatológicos, psicológicos y medicamentos especializados.

En el documento, la parlamentaria planteó que esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel no solo tiene una alta prevalencia, sino que también genera un impacto severo en la salud mental, el bienestar emocional y la integración social y laboral de quienes la padecen, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes.

“Estamos frente a una enfermedad invisible para el sistema público, pero profundamente desgastante para quienes la enfrentan. No es admisible que familias enteras deban endeudarse cada mes para costear tratamientos que superan incluso el salario mínimo”, expresó la diputada, quien, además, es integrante de la Comisión de Salud.

El oficio se sustenta en testimonios de pacientes y en reportajes recientes —como el emitido por TVN el 18 de julio— que evidencian el alto costo económico, físico y emocional de esta condición. La parlamentaria solicitó información detallada sobre el estado de avance del proceso de evaluación para incorporar tratamientos de la dermatitis atópica a la Ley Ricarte Soto, además de consultar si el Minsal ha considerado incluir esta patología en las Garantías Explícitas en Salud (GES).

También se consultó si existe algún catastro nacional de personas diagnosticadas con DA moderada o severa, y qué medidas se han evaluado para abordar los costos indirectos, como el ausentismo escolar y laboral, o el deterioro de la salud mental.

“El Estado no puede seguir ausente frente a una enfermedad que genera exclusión y sufrimiento. La salud pública tiene que dejar de mirar para el lado y responder con hechos a quienes viven con esta condición todos los días”, enfatizó la diputada Cordero.

En ese sentido, la solicitud busca poner en agenda una respuesta integral, justa y urgente, especialmente en sectores más vulnerables, donde el acceso al tratamiento es aún más limitado.