Las parlamentarias Pérez y Cordero oficiaron al Ministerio de Desarrollo Social y a Senama para visibilizar una situación que afecta directamente a muchas personas mayores: la pérdida o deterioro de sus huellas dactilares, lo que complica el acceso a trámites esenciales.
Las diputadas María Luisa Cordero (IND-RN) y Marlene Pérez (IND-UDI) oficiaron al Ministerio de Desarrollo Social, y al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), alertando sobre una problemática que afecta cada vez a más a los adultos mayores en el país: la pérdida de huellas dactilares como método de identificación biométrica. El fenómeno, asociado al envejecimiento natural de la piel, y otras condiciones de salud, ha generado múltiples dificultades en el acceso a servicios que dependen exclusivamente de esta tecnología.
Entre los efectos más complejos que se han detectado están la imposibilidad de ser identificados correctamente en trámites financieros, notariales o de salud, además, del aumento de gestiones presenciales que implican mayores costos y dependencia de terceros. También se han reportado casos de discriminación involuntaria, por la falta de protocolos diferenciados o adaptaciones que consideren esta realidad.
“Estamos hablando de una vulneración silenciosa que afecta a miles de personas mayores. No puede ser que queden excluidas por una barrera tecnológica que el Estado aún no resuelve”, advirtió la diputada Cordero, quien insistió en que se debe abordar esta situación con una perspectiva de equidad e inclusión, y no como una dificultad técnica.
En esa misma línea, la congresista Marlene Pérez respaldó la solicitud y enfatizó que es urgente avanzar en protocolos alternativos que garanticen el derecho a la identificación. “La solución existe: hay mecanismos como el reconocimiento facial, códigos de acceso, validación mediante testigos o documentos. Lo que falta es voluntad institucional para implementarlos. Este no es un problema menor, es un tema de dignidad y derechos para nuestra población mayor”, afirmó.
El oficio también consultó si el Ejecutivo cuenta con estudios, diagnósticos o registros sobre la magnitud del problema, y si se han planificado capacitaciones a funcionarios para evitar situaciones de discriminación que se repiten en bancos, notarías, ISAPRES y servicios públicos.
Por último, las legisladoras coincidieron en que el proceso de digitalización del Estado no puede dejar atrás a quienes más necesitan acompañamiento. Llamaron al Gobierno a responder con urgencia y a garantizar que ninguna persona mayor sea marginada de trámites básicos por causas ajenas a su voluntad.