La nueva normativa redefine la seguridad privada en Chile bajo un enfoque de gestión del riesgo, fortaleciendo la supervisión estatal y estableciendo nuevos estándares para las organizaciones del sector. En este proceso, la Universidad de Chile participó directamente en la implementación de la ley, a través del trabajo conjunto del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y el Centro de Sistemas Públicos (CSP). A partir de esa experiencia, el nuevo Diploma de Postítulo en Seguridad Privada de la Facultad de Gobierno busca formar profesionales capaces de responder a las exigencias de este nuevo escenario.
La entrada en vigencia de la Ley N.° 21.659 y de su reglamento marca la mayor transformación del sistema de seguridad privada en Chile en más de cuatro décadas. El nuevo marco normativo reemplaza un régimen disperso por un modelo basado en la gestión del riesgo, fortalece la supervisión estatal e incorpora nuevas exigencias para las organizaciones y los profesionales que desarrollan funciones en este ámbito.
En este nuevo escenario, la seguridad privada es redefinida como una actividad preventiva, coadyuvante y complementaria de la seguridad pública, con mayores estándares para la profesionalización del sector. En este proceso, la Universidad de Chile, a través del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno y el Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, colaboró en la implementación de la nueva normativa mediante el desarrollo de herramientas técnicas, entre ellas una matriz de factores de riesgo para la clasificación de entidades reguladas.
A partir de esta experiencia, especialistas del CESC analizan los principales cambios que introduce la nueva legislación y los desafíos que plantea su implementación para el Estado. Asimismo, presentan el nuevo Diploma de Postítulo en Seguridad Privada: Regulación, gestión y estándares de actuación de la U. de Chile, un programa orientado a fortalecer las capacidades de quienes deberán implementar, supervisar y gestionar el nuevo sistema de seguridad privada.
Del modelo fragmentado a un sistema basado en el riesgo
La nueva regulación introduce un cambio de enfoque: la seguridad privada deja de estar centrada únicamente en la autorización y el control de actividades específicas para avanzar hacia un sistema en el que la prevención, la evaluación de riesgos y la coordinación con las instituciones públicas adquieren un rol central.
Para la coordinadora de investigación del CESC y coordinadora académica del Diploma de Postítulo en Seguridad Privada, María José Del Solar, uno de los principales aportes de la normativa consiste en reconocer expresamente a la seguridad privada como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo su institucionalidad y definiendo con mayor claridad su rol dentro del sistema:
“La Ley N.° 21.659 supone un hito porque consolida en un único cuerpo normativo la regulación sobre seguridad privada y reconoce expresamente su carácter preventivo, coadyuvante y complementario de la seguridad pública. Este nuevo marco no solo fortalece la institucionalidad del sector, sino que también exige capacidades profesionales acordes con un sistema basado en la gestión del riesgo y en mayores estándares de actuación”.
Desde esta perspectiva, Del Solar explica que la nueva normativa implica establecer mecanismos de colaboración dentro de un marco regulado. En este contexto, afirmó que “debe ser insoslayable que la seguridad siga siendo una cuestión pública”, destacando la importancia de mantener una conducción estatal del sistema.
En este sentido, señaló que el nuevo diseño fortalece la institucionalidad de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la materia, que pasa a ejercer funciones de regulación, autorización, fiscalización y sanción, mientras que las policías mantienen relevantes competencias de control dentro del sistema. De esta manera, la conducción estratégica de la seguridad privada queda radicada en una autoridad civil, en línea con la experiencia de distintos modelos comparados.
Además, destacó que la nueva institucionalidad abre oportunidades para generar información sistemática sobre el funcionamiento de la seguridad privada, lo que permitirá fortalecer la toma de decisiones públicas y desarrollar investigación aplicada sobre la relación entre actores públicos y privados en materia de seguridad.
La gestión del riesgo como eje del nuevo modelo
Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa es que las medidas de seguridad deben implementarse de acuerdo con el nivel de riesgo que las actividades de una entidad generan para la seguridad pública. De esta manera, la ley reemplaza un esquema uniforme por uno proporcional, en el que las organizaciones deberán adoptar medidas acordes con las características de sus operaciones, considerando variables como el tipo de actividad, el entorno en que se desarrolla y los bienes protegidos.
El exjefe del Departamento de Seguridad Privada del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y docente del Diploma de Postítulo en Seguridad Privada de la Facultad de Gobierno, Aníbal Pérez, señala que este cambio transforma la forma en que las organizaciones deberán abordar la seguridad:
“La nueva normativa se estructura sobre una noción objetiva de riesgo. Las propias entidades deben proponer las medidas de seguridad necesarias para hacerse cargo del riesgo que sus actividades generan para la seguridad pública”.
A su juicio, comprender la matriz de factores de riesgo constituye solo el punto de partida. “La implementación del nuevo modelo requerirá profesionales capaces de transformar el análisis del riesgo en medidas humanas, técnicas y organizacionales concretas, justificar las decisiones adoptadas y evaluar periódicamente su eficacia”, explica.
La Ley N.° 21.659 también incorpora nuevas herramientas destinadas a fortalecer la supervisión y la trazabilidad del sistema. Entre ellas, destaca la plataforma informática de gestión, que permitirá digitalizar autorizaciones, procedimientos y registros, facilitando el seguimiento de las actuaciones realizadas por las entidades reguladas y las autoridades competentes.
Profesionalización y nuevos estándares para la industria
La nueva regulación modifica el perfil profesional de quienes ejercen funciones de dirección, asesoría y supervisión en seguridad privada. Además de cumplir requisitos legales, estos actores deberán acreditar formación especializada en materias vinculadas con la gestión del riesgo, el diseño de medidas de seguridad, la normativa vigente y el funcionamiento de la nueva institucionalidad.
Para Pérez, uno de los principales desafíos de la implementación será precisamente desarrollar las capacidades que exige este sistema. “La entrada en funcionamiento de la plataforma informática de gestión y la formación de quienes deberán asumir funciones especializadas dentro del nuevo sistema constituyen dos de los principales desafíos de la implementación”, sostuvo.
En este escenario, las instituciones de educación superior adquieren un rol fundamental para acompañar la implementación del nuevo modelo, formando profesionales capaces de interpretar la matriz de riesgo, elaborar estudios y planes de seguridad y diseñar respuestas proporcionales a los riesgos identificados.
El aporte de la Universidad de Chile a la implementación
La Universidad de Chile colaboró directamente en la implementación de la normativa mediante un convenio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno y el Centro de Sistemas Públicos (CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Este trabajo incluyó el levantamiento de procesos contemplados en la ley, el apoyo al diseño de la plataforma tecnológica asociada, propuestas para la definición de la estructura organizacional del nuevo sistema y el desarrollo de una matriz de factores de riesgo para la clasificación de entidades reguladas.
Esta última tarea consideró una revisión de evidencia criminológica asociada a los criterios legales, incorporando variables, indicadores y ponderaciones validados con especialistas nacionales e internacionales. Para la coordinadora de investigación del CESC, María José Del Solar, este trabajo refleja el valor de la colaboración entre el Estado y la academia en procesos de transformación institucional: “No sólo se trata de aplicar conocimiento técnico, sino de construir instrumentos que permitan una implementación coherente, efectiva y basada en evidencia”.
En este contexto, el Diploma de Postítulo en Seguridad Privada: Regulación, gestión y estándares de actuación de la Facultad de Gobierno busca responder a las nuevas exigencias de la Ley N.° 21.659, fortaleciendo las capacidades de quienes desarrollan, contratan, asesoran, supervisan o fiscalizan actividades de seguridad privada en organizaciones públicas y privadas.