La séptima edición del Anuario Estadístico del Servicio Jesuita a Migrantes revela que los flujos migratorios muestran una desaceleración sostenida. La publicación plantea que el desafío ya no es responder a un aumento excepcional de la migración, sino avanzar en políticas que favorezcan la inclusión, la protección internacional y la cohesión social.
El informe muestra que entre 2017 y 2024 la población extranjera residente en Chile pasó de 746.465 a 1.608.650 personas, más que duplicándose en siete años, impulsada principalmente por la migración venezolana. Sin embargo, el crecimiento ha comenzado a moderarse. Tras los mayores incrementos registrados entre 2017 y 2022, las proyecciones muestran una disminución gradual del saldo migratorio, que pasaría de 114.671 personas en 2024 a 75.663 en 2030, aunque continuará siendo positivo.
Este escenario marca un cambio de etapa para el país. El desafío ya no consiste únicamente en responder al aumento de los flujos migratorios, sino en desarrollar políticas públicas que permitan gestionar una sociedad cada vez más diversa, fortaleciendo la inclusión y la cohesión social.
El Anuario también evidencia que la migración continúa concentrándose en la Región Metropolitana, donde reside cerca del 60% de la población extranjera, seguida por Antofagasta y Valparaíso, que desplaza a Tarapacá como la tercera región con mayor población migrante. No obstante, el crecimiento más acelerado se observa en regiones del centro-sur, como Maule, Biobío y O’Higgins, donde la población migrante aumentó más de un 240% entre 2017 y 2024. Esta expansión territorial plantea nuevos desafíos para los gobiernos regionales y locales en materia de inclusión y acceso a servicios.
La publicación advierte que, pese a los avances, persisten brechas relevantes que dificultan la inclusión. Las mujeres migrantes enfrentan mayores desigualdades en el mercado laboral: cotizan menos que los hombres (47,2% frente a 61,5%), presentan mayores niveles de subempleo por competencias (24% versus 18,2%) y representan el 70% de la población migrante fuera de la fuerza laboral.
Asimismo, el informe identifica factores que pueden afectar la convivencia y la cohesión social si no son abordados mediante políticas públicas. Entre ellos destacan la alta presencia de hogares migrantes en campamentos —47.391 familias, según el catastro de TECHO-Chile—, el aumento sostenido de la irregularidad documental, que pasó de 10.375 personas en 2018 a 336.984 en 2023, la persistencia de la informalidad laboral, que alcanza a 306.366 personas, y las brechas en el acceso efectivo a servicios públicos.
«Cuando existen barreras para acceder a vivienda, empleo formal, educación o regularización, aumentan los riesgos de exclusión y se debilita la cohesión social. En cambio, cuando las personas pueden participar plenamente en la vida del país, la diversidad se convierte en una oportunidad para el desarrollo compartido», señala Waleska Ureta, Directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.
El Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile busca aportar información pública, sistemática y actualizada para comprender las transformaciones de la migración en el país y contribuir a una discusión basada en evidencia que favorezca el desarrollo de políticas públicas más eficaces y fortalezca la convivencia entre quienes habitan Chile.