Gendarmería desvincula a 4 funcionarios por conformar red para la comisión de delitos en Santiago 1

Gendarmería desvinculó de sus filas a cuatro funcionarios del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, luego de una investigación interna que permitió acreditar su participación en una red que facilitaba el ingreso irregular de alimentos al recinto penitenciario.

Según informó la institución, los involucrados permitían el ingreso de productos «en cantidades superiores a las permitidas por la administración penitenciaria», operando desde el sector de recepción y registro de encomiendas.

Los hechos fueron detectados luego de que la jefatura del establecimiento realizara labores de fiscalización en terreno y constatara directamente los ilícitos cometidos por los ahora exfuncionarios. De acuerdo con Gendarmería, esto permitió comprobar un «desapego a las instrucciones emanadas por el Alto Mando institucional», tras lo cual los cuatro funcionarios fueron apercibidos conforme al artículo 46 del Código Procesal Penal y desvinculados de la institución.

La investigación también permitió establecer que los productos que eran ingresados irregularmente tenían un destino distinto al permitido dentro del recinto. En concreto, la institución señaló que «las especies ingresadas de manera irregular iban destinadas al mercado ilícito», por lo que los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario para continuar con las diligencias correspondientes.

El caso se enmarca en las acciones de control interno que Gendarmería lleva adelante para detectar eventuales hechos de corrupción al interior de los establecimientos penitenciarios. La institución destacó que la investigación fue posible gracias a labores de inteligencia y a la fiscalización desarrollada por las jefaturas del recinto, permitiendo identificar el mecanismo utilizado por los funcionarios para facilitar el ingreso irregular de alimentos.

Desde Gendarmería enfatizaron que el procedimiento demuestra que la institución está utilizando «todas sus capacidades institucionales para detectar y combatir hechos de corrupción al interior de las unidades penales del país». Asimismo, señalaron que estas acciones buscan fortalecer «los principios éticos que orientan la labor institucional», en medio de los esfuerzos por prevenir y sancionar conductas ilícitas al interior de los recintos penitenciarios.