Un grupo de afectados presentó una querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acusando que entregaron dinero para financiar una operación de importaciones que, según denuncian, no habría sido destinada al fin prometido.
Lo que comenzó como una aparente oportunidad de inversión terminó convertido en una acción judicial por presunta estafa. Un grupo de personas acusa haber perdido más de $117 millones tras confiar en un supuesto negocio de importaciones ofrecido a través de franquicias.cl, el cual contaba con contratos de por medio y respaldo aparentemente formal.
De acuerdo con la querella, ingresada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, los afectados habrían sido contactados para participar en una operación vinculada a la importación de productos y financiamiento de containers. La propuesta, según el escrito judicial, fue presentada como una alternativa rentable y segura, respaldada por documentación financiera, contratos de mutuo y garantías sobre acciones de la empresa involucrada.
Sin embargo, los querellantes sostienen que, tras realizar los pagos comprometidos, comenzaron los incumplimientos. Primero habrían recibido explicaciones asociadas a un supuesto robo sufrido por la empresa y luego a retrasos en el puerto de Shanghái, China. Con el paso del tiempo, las respuestas no convencieron a los afectados, quienes decidieron iniciar acciones legales.
La querella fue presentada contra Víctor Manuel Mellado, Importadora y Comercializadora Victtorino SpA, Claudio Meneses Liendo y todos quienes resulten responsables, por el delito de estafa contemplado en el Código Penal. El perjuicio económico denunciado asciende a $117.166.665.
Según el escrito judicial, los dineros entregados por los afectados no habrían sido utilizados para el negocio originalmente prometido, sino que presuntamente habrían servido para cubrir compromisos financieros previos de la empresa. Los querellantes también acusan que la información financiera entregada antes de concretar las inversiones habría presentado una imagen de solvencia que no correspondía a la situación real de la compañía.
“Este no es un simple incumplimiento contractual. Lo que se denuncia es que las personas fueron inducidas a entregar dinero bajo una apariencia de negocio legítimo, con contratos, garantías y documentación que daban una sensación de seguridad, pero que finalmente habría ocultado una realidad financiera completamente distinta”, explica el abogado querellante, Jorge Andrés García Sepúlveda.
Uno de los elementos centrales del caso es una reunión virtual realizada entre las partes, luego de los primeros incumplimientos. Según la querella, una herramienta de inteligencia artificial utilizada para grabar y resumir la sesión habría enviado posteriormente a los participantes un archivo con la reunión completa, incluyendo conversaciones posteriores al término formal del encuentro. Ese registro, de acuerdo con los denunciantes, habría permitido conocer antecedentes relevantes sobre el eventual destino de los fondos.
Los afectados también señalan que existen reclamos públicos asociados al caso en plataformas como Facebook, Reclamos.cl y Reddit, donde otras personas habrían manifestado experiencias similares o advertencias relacionadas con la página.
La acción judicial solicita diversas diligencias al Ministerio Público, entre ellas una orden de investigar a la BRIDEC de la Policía de Investigaciones, la toma de declaraciones a querellantes y querellados, la revisión de antecedentes tributarios de la empresa y el levantamiento del secreto bancario para rastrear el destino de los fondos transferidos.
Para los denunciantes, el caso refleja los riesgos que enfrentan personas que confían en oportunidades de negocio presentadas en entornos aparentemente formales, especialmente cuando existen contratos, sociedades constituidas y promesas de rentabilidad que pueden generar una falsa sensación de seguridad.
“Muchas veces las personas creen que por existir un contrato firmado ante notario o una empresa constituida el riesgo desaparece, pero eso no siempre es suficiente. En operaciones privadas de inversión es fundamental verificar estados financieros, garantías reales, historial comercial, trazabilidad de fondos y quiénes son efectivamente los responsables de administrar el dinero”, agrega el abogado.
Además del caso principal, los antecedentes conocidos muestran otro conflicto judicial vinculado a inversiones privadas. Se trata de una querella por administración desleal, donde se cuestionan gastos superiores a $140 millones en una sociedad de inversión. Aunque corresponde a un caso distinto, ambos antecedentes apuntan a una misma preocupación: personas y sociedades que entregan altas sumas de dinero en estructuras aparentemente formales y luego denuncian falta de transparencia, uso cuestionado de fondos y perjuicios millonarios.
Actualmente, los afectados buscan que la Fiscalía investigue el origen, trazabilidad y destino final de los dineros, así como la eventual responsabilidad penal de las personas y empresas involucradas.