La parlamentaria de la Región Metropolitana advirtió que el Estado no está dando abasto ante estos prestamistas ilegales que acosan a los vecinos, por lo que entregará los antecedentes a las policías e impulsará medidas urgentes para erradicar estas redes delictuales de los barrios.
La diputada Javiera Rodríguez (PRep) denunció formalmente la masiva circulación de volantes que ofrecen préstamos informales de dinero mediante la plataforma de WhatsApp en diversos sectores de la comuna de Cerro Navia, antecedentes que fueron entregados directamente a la legisladora durante una reunión de trabajo con un comité de seguridad vecinal que busca proteger su entorno ante el avance de la delincuencia.
La denuncia se originó tras el hallazgo de material publicitario en los hogares del sector. “Acabo de salir de una reunión con unos vecinos en Cerro Navia y me hicieron llegar esto: préstamos de dinero. Abajo aparece un número de WhatsApp donde incluso te dicen los plazos para pagar”, relató Rodríguez al exhibir la evidencia.
Ante la gravedad de los hechos, la parlamentaria anunció acciones inmediatas de fiscalización y persecución criminal. “Obviamente me voy a hacer cargo de esta situación. Oficiaré directamente al Ministerio de Seguridad para exigir que se intervenga la zona y se desarticulen estas bandas antes de que sigan expandiéndose por la comuna. Además, pondré todos estos antecedentes a disposición de las policías e impulsaré políticas públicas preventivas”, adelantó la congresista.
Rodríguez advirtió con dureza que la aparición de estas redes de usura ilegal refleja la falta de control territorial y expone a las familias vulnerables a represalias de extrema violencia. “Estas cosas son las que, en verdad, hacen perder la fe en la humanidad y nos hacen darnos cuenta de que el Estado no está dando abasto. Prestamistas, ¿qué pasa si no logran pagar? Te cortan un dedo, matan a tu familia. Ese es el crimen que hay en Chile”, sostuvo con preocupación.
Finalmente, la legisladora republicana destacó el esfuerzo de los residentes organizados, quienes han debido costear rejas y gestionar reductores de velocidad ante el abandono estatal. “Tuve la suerte de conocer a este grupo, que es un comité de seguridad. Ellos se esfuerzan día a día por cumplir mejor sus deberes como ciudadanos. Se están haciendo cargo de la seguridad de su barrio. Hay esperanza para todos esos vecinos que quieren hacer un cambio y que están esperando que el Estado finalmente les dé una mano”, concluyó.