La iniciativa busca modificar la Ley de Control de Armas para penalizar no solo la confección de estas «armas fantasmas», sino también el almacenamiento y distribución de softwares o manuales de modelamiento digital. El parlamentario advirtió que estas tecnologías ya están en la mira del crimen organizado debido a su alto poder adquisitivo y la falta de trazabilidad de los elementos.
Un enérgico llamado al Gobierno para que otorgue urgencia legislativa al proyecto de ley que regula y sanciona la fabricación de armas de fuego mediante tecnología de impresión 3D realizó este viernes el diputado del Partido Republicano Álvaro Carter. La iniciativa introduce modificaciones clave a la Ley N° 17.798 de Control de Armas, tipificando como delitos tanto la impresión física de estos dispositivos como la creación y distribución de los archivos digitales necesarios para su elaboración.
El avance de la denominada «cuarta revolución industrial» ha masificado el uso de impresoras 3D en Chile, con aplicaciones en la biomedicina como prótesis e implantes traumatológicos, escenario ante el cual el parlamentario alertó sobre el inminente peligro que reviste el uso de esta tecnología con fines ilícitos y de alta letalidad por parte del crimen organizado.
Al respecto, el diputado Álvaro Carter señaló que «la tecnología avanza a pasos agigantados y, lamentablemente, la delincuencia también. Hoy la posibilidad de imprimir armas en impresoras 3D es una realidad internacional que ya está tocando nuestras puertas. Aunque algunos argumenten que estas máquinas tienen un valor elevado en el mercado nacional, ese costo no representa barrera alguna para el crimen organizado. Bandas asociadas al narcotráfico y al tráfico de armas cuentan con los recursos de sobra para adquirir estos equipos y comenzar a fabricar armamento en masa dentro de laboratorios caseros».
Es por este motivo que el legislador emplazó directamente al Ejecutivo para acelerar la tramitación de la propuesta de su autoría en el Congreso. «Le pedimos formalmente al Gobierno que le ponga urgencia a este proyecto de ley. Las armas fantasmas representan una amenaza directa a la seguridad nacional. Regular los softwares de modelamiento y castigar severamente a quienes distribuyen estos manuales de la muerte es una herramienta urgente que nuestras policías necesitan para desbaratar los talleres clandestinos de la criminalidad organizada».
Uno de los principales riesgos que aborda el proyecto es la carencia de números de serie en este tipo de armamento, lo que imposibilita su rastreo criminalístico por parte de las policías. Si bien en el plano internacional existen desarrollos de softwares que bloquean la impresión si detectan planos de armamento, el ordenamiento jurídico chileno actual presenta vacíos que dejan en la impunidad las fases previas a la tenencia física.
Además, el texto legal propone incorporar el Artículo 10 B a la normativa vigente, estableciendo penas de presidio menor en su grado máximo para quienes modelen armas en software 3D. Dicha sanción aumentará en un grado si esos archivos y manuales son compartidos o difundidos. En tanto, quien concrete la impresión física del arma o de cualquiera de sus partes constitutivas, arriesgará penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio.
«Actualmente, la ley penaliza el porte o fabricación de armas artesanales o modificadas, pero deja un flanco ciego enorme y peligroso: la impunidad absoluta para quienes modelan el software, comparten los planos y divulgan los manuales de instrucción en internet. No podemos reactive cuando ya sea tarde. Necesitamos anticiparnos a este cambio de paradigma antes de que estas tecnologías se masifiquen al nivel de los computadores personales», enfatizó Carter.