El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de Ñuble, Francisco Soto Donoso, informó que la I. Corte de Apelaciones de Concepción dejó en acuerdo la querella de capítulos que el Ministerio Público presentó contra una jueza de Garantía de Los Ángeles, quien está imputada en el marco de una investigación por asociación ilícita y otros delitos vinculados al sistema de administración de justicia penal en dicha ciudad.
Lo anterior significa que el tribunal de alzada conoció la causa y dará a conocer su fallo el 7 de agosto. La aprobación de la querella de capítulos es necesaria para que la Fiscalía pueda pedir medidas cautelares para la magistrada, tras su formalización.
La investigación de esta causa está a cargo de la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, y en el caso de la jueza se investigan seis hechos que dicen relación con delitos de prevaricación.
El abogado Francisco Soto explicó que «la prevaricación se sustenta en relaciones de amistad que tenía con las dos abogadas imputadas principales en la causa». Precisó que «en ese marco, la magistrada habría resuelto en favor de los intereses de ellas de manera espuria e, incluso, en contra de texto expreso de ley, en algunos casos, sobreseyendo causas vinculadas a tráfico de drogas, por ejemplo».
En esta causa ya están formalizados siete imputados: las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy; el ex defensor de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, y el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez Reyes. A ellos se suman un cliente de las abogadas que cumple condena por delitos de las leyes de Drogas y de Armas, la secretaria del estudio jurídico de las abogadas y una procuradora de la misma oficina, cuyos nombres no se pueden revelar por prohibición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles.
Resta por formalizar investigación contra un fiscal de Los Ángeles y esposo de una de las abogadas formalizadas, cuya querella de capítulos fue aprobada por la I. Corte de Apelaciones de Concepción y está a la espera de fallo en la Corte Suprema, instancia donde fue apelada por la defensa.
La Fiscalía realiza esta indagatoria con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán.