La Contraloría General de la República recibió la presentación por hostigamiento y discriminación en la Seremi de Transportes de Los Lagos y remitió los antecedentes al ministerio para su tramitación, en el marco de la Ley Karin.
Una denuncia por acoso laboral, hostigamiento y discriminación fue presentada ante la Contraloría en contra del ex seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Lagos, Pablo Joost Winkler, autoridad saliente del Gobierno del Gabriel Boric, y del encargado de Recursos Humanos de la repartición, Daniel Santibáñez Calistro.
El denunciante es un funcionario administrativo de la Secretaría Regional Ministerial, con cerca de seis años de trayectoria en el servicio, quien acusa haber sido víctima de conductas reiteradas de maltrato, amenazas y menoscabo laboral.
De acuerdo con la presentación, los hechos se habrían intensificado desde 2024 a la fecha, afectando gravemente su salud mental. El funcionario se encuentra actualmente bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, situación que —según señala— es consecuencia directa de los episodios de hostigamiento vividos en su entorno laboral. Asimismo, manifiesta temor a posibles represalias por haber decidido presentar la denuncia.
Intervención de Contraloría
Mediante el oficio N° OF56756/2026, la Contraloría informó que acogió la presentación en el marco de la Ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin”, normativa que regula la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
El organismo indicó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en atención a que la materia corresponde al ámbito de sus atribuciones y debe ser abordada a través de los mecanismos internos de la institución.
Contexto legal y administrativo
Desde la Contraloría se recordó que la función pública debe ejercerse garantizando un entorno libre de violencia, acoso laboral y sexual, y que los organismos del Estado tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas.
El proceso deberá desarrollarse bajo criterios de confidencialidad, resguardando la privacidad y la honra de las personas involucradas.
Estado del caso
Entre los antecedentes expuestos, el denunciante sostiene que las conductas denunciadas no solo han afectado su desempeño laboral, sino también su estabilidad personal y familiar, configurando una situación que se ha prolongado en el tiempo.
Hasta ahora, no existe pronunciamiento público por parte de los funcionarios denunciados ni del Ministerio de Transportes respecto de la situación.
El caso queda ahora en manos de la autoridad sectorial, que deberá definir las acciones a seguir conforme a la normativa vigente.