La parlamentaria advierte que, tras recorrer comunas afectadas, constató la falta de atención preferente y apoyo oportuno a los grupos más vulnerables, pese a que la ley así lo establece.
Tras recorrer distintas comunas afectadas, la parlamentaria señaló que pudo constatar en terreno que numerosos vecinos en condición de especial vulnerabilidad no recibieron asistencia adecuada ni respuestas oportunas, quedando expuestos en medio de la emergencia.
«Lo que vi en terreno es inaceptable. Personas que lo habían perdido todo, sin atención prioritaria, sin apoyo efectivo y sin respuestas claras del Estado. Esto no es solo una falla operativa, es una vulneración grave de derechos», enfatizó la diputada.
Pérez advirtió que esta situación resulta aún más grave considerando que durante el año 2025 el Gobierno anunció con fuerza su programa estrella «Chile Cuida» haciendo un hito en las distintas comunas afectados, mencionando la llegada de la *Red de apoyo y cuidados* cuyo objetivo tal como lo indica su nombre es cuidar, proteger y entregar atención preferente a personas mayores, personas en situación de discapacidad y niños en condición de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, cuando esas personas necesitaron de ese compromiso en la tragedia, no se cumplió.
La diputada sostuvo que este anuncio generó expectativas legítimas en grupos que históricamente han sido postergados y que, frente a la emergencia por los incendios, volvieron a encontrarse con un Estado ausente, sin respuestas oportunas y sin la humanidad que una tragedia de esta magnitud exige. «No se puede presentar un programa como eje central de la política social y luego fallar justamente a quienes dice proteger», afirmó.
Asimismo, la congresista denunció que muchas personas perdieron ayudas técnicas esenciales, como sillas de ruedas, catres clínicos, bastones y otros implementos indispensables, sin que hasta la fecha exista una reposición efectiva ni atención prioritaria. A ello se suma la crítica situación de numerosos adultos que requieren asistencia inmediata, la que aún no se ha materializado.
Frente a este escenario, la parlamentaria ofició a la Seremi de Desarrollo Social, al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), solicitando un catastro actualizado de las personas afectadas, junto con un informe detallado de las medidas concretas implementadas para su protección y apoyo.
«Exijo que los planes de emergencia y reconstrucción otorguen prioridad absoluta a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Esto implica viviendas de emergencia, protección efectiva, ayudas técnicas y atención oportuna. Cumpliré con mi rol fiscalizador, porque los más vulnerables no pueden seguir siendo postergados», sostuvo.
Finalmente, la diputada recordó que durante su primer período legislativo concentró gran parte de su trabajo en el ámbito social, presidiendo por tres años la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, y aseguró que continuará fiscalizando el cumplimiento efectivo de los derechos de los grupos prioritarios durante la emergencia y el proceso de reconstrucción.