En horas de la tarde de este lunes, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional que fue presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, medida interpuesta por notable abandono de deberes.
Con 43 votos a favor, 0 en contra se aprobó el primero de tres capítulos y dio luz verde a la acusación constitucional. Cabe recordar que, previamente, la Cámara de Diputados respaldó la acusación, por lo que avanzó hacia la Cámara Alta.
Diego Simpertigue: ¿Por qué está imputado?
Diego Simpertigue, se encuentra en calidad de imputado en el caso “Muñeca Bielorrusa”.
El pasado viernes, Simpertigue fue notificado del cierre de la investigación sumaria en la Corte Suprema, que derivó en cargos por infracciones a la probidad —al no inhabilitarse en causas donde participaban abogados cercanos, Eduardo Lagos y Mario Vargas— y por falta de prudencia al haber viajado con ellos en un crucero por Europa.
Diego Simpertigue: ¿En qué consiste la AC?
La acusación cuenta con tres capítulos presentados por diputados de la oposición, liderados por la dupla socialista Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, y que llegó a sala con recomendación de ser aprobada por parte de la comisión revisora que presidió la diputada Maite Orsini.
El primer capítulo sostiene que el ministro faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa denominada BelAz Movitec. Al respecto, la acusación plantea que Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas vinculadas a este consorcio de origen bielorruso.
Dichas decisiones de la Corte Suprema favorecieron al consorcio en su litigio con Codelco por montos que superan los $11 mil millones. Esto en un contexto “donde mantenía vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte -Eduardo Lagos y Mario Vargas – actualmente imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la “arista bielorrusa” del Caso Audios”.
El segundo capítulo acusa notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales. Esto se funda en que el cuestionado ministro “permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, su hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar”.
En tanto, el tercer capítulo lo acusa de infringir del deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta. En este punto, el ministro de la Suprema habría participado en la resolución de la causa sobre el proyecto EcoEgaña, que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta.
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