A través de un punto de prensa en el Congreso, la senadora y presidenta del Partido Demócratas, Ximena Rincón, presentó un proyecto de ley que plantea que los funcionarios públicos condenados por delitos contra la probidad y corrupción pierdan beneficios financiados entera o parcialmente por el Estado.
«La idea central de este proyecto es que no puede quien traiciona gravemente al Estado y a la fe pública, seguir beneficiándose de los recursos que todas y todos en el país contribuyen a generar», sostuvo.
El objetivo principal de la propuesta de ley, buscar establecer que «las personas condenadas por delitos graves de corrupción, probidad o contra el patrimonio del Estado pierdan o vean restringidos el acceso a beneficios financiados con recursos públicos».
«No es aceptable que el Estado financie beneficios, subsidios o regímenes especiales a quienes han sido condenados por defraudar al propio Estado. No es una sanción adicional penal sino que es una consecuencia administrativa negativa para quien defraudan al fisco», indicó la senadora en el punto de prensa. «La corrupción no puede salir gratis. Es eso lo que está en juego hoy día y el estándar tenemos que elevarlo», concluyó Rincón.
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