En un contexto alarmante, el diputado Roberto Arroyo (PSC) envió un oficio al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tras la reciente alerta emitida por la Defensoría de la Niñez. Esta institución, a través de su Observatorio de Derechos, ha reportado un significativo aumento en las tasas de víctimas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile. Entre los años 2022 y 2024, las cifras muestran un escalofriante incremento del 89% en delitos de obtención y facilitación, así como un 59% en casos relacionados con material abusivo.
La solicitud del parlamentario se fundamenta en la imperiosa necesidad de contar con datos fidedignos y actualizados sobre esta grave problemática. En su oficio, Arroyo destacó la sensibilidad del tema y la urgencia de que las autoridades competentes tomen acciones efectivas para abordar esta situación.
“Es inaceptable que la explotación sexual de menores esté en aumento. Esta situación exige una respuesta contundente y coordinada entre todos los sectores involucrados. No podemos permitir que nuestra niñez sea víctima de esta violencia. Estoy convencido de que la información detallada y actualizada es crucial para enfrentar esta crisis y proteger a los más vulnerables», afirmó el legislador.
El diputado solicitó a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, que proporcione información detallada sobre el aumento de denuncias por explotación sexual de NNA, desagregadas por año (2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025), así como, si es viable, por regiones del país.
Ademas, pidió un informe sobre las principales figuras penales involucradas en estas denuncias, que incluye la producción de material de abuso sexual infantil, grooming y trata de personas. Asimismo, se solicita una descripción de las modalidades de comisión detectadas, especialmente aquellas que utilizan internet y redes sociales.
“Es fundamental conocer el porcentaje de denuncias que han resultado en formalizaciones y, de estas, cuántas han concluido con sentencias condenatorias en los últimos tres años. También se requiere información sobre patrones comunes en los perfiles de los imputados”, explicó el parlamentario.
Finalmente, se solicitan antecedentes sobre los mecanismos de coordinación e intercambio de información que existen entre esta unidad, la Defensoría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.
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