El Consejo de Defensa del Estado, interpuso una querella criminal contra dos particulares, ocho funcionarios públicos, dos ex funcionarios y contra de quienes resulten responsables, por los delitos de asociación delictiva, cohecho, lavado de activos y revelación de secretos, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, en el marco de una investigación por delitos de corrupción que se habrían registrado en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.
La querella del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Arica, se dirige nominativamente contra 10 imputados, por haber incurrido en una serie de ilícitos entre los cuales se encuentran funcionarios públicos que utilizando sus cargos y funciones, solicitaron documentos, agilizaron trámites, regularizaron ilegalmente títulos de dominio, generaron notificaciones, postulaciones y manipularon diversos procesos por los que recibieron importantes sumas de dinero a cambio de dichas gestiones.
De acuerdo con los antecedentes, parte de esta operación consistía en entregar información sobre terrenos fiscales y trámites realizados ante dicha entidad, proporcionar copia de documentos, agilizar trámites, todo ello fuera del quehacer normativo de sus funciones, solicitando y/o aceptando beneficios de carácter económico de usuarios, esto es, sobornos. Además, se constató que “los imputados usaron el sistema financiero y bancario formal a través de cuentas personales, que les permitieron recibir dineros de origen ilícito, percibidos por el pago para ejecutar actos con infracción a los deberes de su cargo”, causando con ello un grave daño a la fe pública.
En el marco de este proceso penal, el día de ayer 4 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado fue parte de la audiencia de formalización contra los imputados, que se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Arica.