La reciente participación de militares de Chile en el transporte y protección de cargamentos de droga abre un caso inédito de corrupción dentro de las fuerzas armadas locales y pone en entredicho la resiliencia institucional que hasta ahora habían mostrado frente al avance del crimen organizado.
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El martes 15 de julio, un tribunal de justicia ordenó prisión preventiva para cinco exintegrantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), acusados del transporte de 4 kilogramos de ketamina que iban a ser trasladados desde la Base Aérea “Los Cóndores” en Iquique, capital regional de Tarapacá en el norte de Chile, hacia la capital Santiago.
De acuerdo con la Fiscalía Regional de Tarapacá, los acusados aprovecharon su posición dentro de la FACH para coordinar por lo menos tres envíos más de sustancias ilícitas durante el 2025, empleando aviones institucionales que viajaban desde el norte del país hacia la Región Metropolitana.
La ketamina es un anestésico de uso veterinario que ha sido utilizado por redes criminales en Chile para la fabricación artesanal de “tusi”, también conocida como cocaína rosada. El aumento de los decomisos de esta sustancia ilícita en las regiones del norte de Chile, ha encendido las alarmas de las autoridades debido al involucramiento de redes criminales transnacionales.
Además del caso de la Fuerza Aérea, siete suboficiales de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” del Ejército fueron arrestados en Iquique el 23 de junio por su participación en una caravana que transportaba 161 kilogramos de cocaína y 30 kilogramos de pasta base camuflados en camionetas que provenían desde Bolivia.
Sin embargo, este no era el primer viaje con droga que realizaban los militares. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, dijo en una entrevista con Radio Universo que la red de militares corruptos venía operando al menos desde el año pasado y había realizado un mínimo de 10 viajes con droga que ingresaron desde la frontera norte.
Más allá de su participación en redes de narcotráfico, algunos miembros de las fuerzas armadas y policiales chilenas han sido implicados en esquemas criminales que van desde el tráfico de armas hasta la extorsión. En 2022, militares y carabineros participaron en el robo y venta de armamento institucional a grupos criminales en Arica, norte de Chile. A esto se sumó en 2024, la imputación de 14 carabineros por cobrar sobornos a camioneros bolivianos que cruzaban por pasos fronterizos del norte.
Análisis de InSight Crime
Si bien Chile ha sido visto como una excepción frente al avance del crimen organizado en América Latina, su proximidad geográfica con países productores de cocaína y la debilidad de las estrategias de militarización en la frontera norte son factores que amenazan su solidez institucional.
Chile ofrece condiciones logísticas y geográficas que lo vuelven cada vez más atractivo para el narcotráfico transnacional. Su frontera con Perú y Bolivia —dos de los mayores productores de cocaína del mundo—, sumada a una infraestructura portuaria moderna y su acceso al océano Pacífico, lo convierten en una plataforma ideal para el envío de droga hacia mercados internacionales.
El norte del país también se ha convertido en una ruta clave para el paso de migrantes irregulares y la instalación de organizaciones criminales que sacan rédito de negocios transfronterizos. Organizaciones criminales como el Tren de Aragua han aprovechado los flujos migratorios en Tarapacá, Arica y Antofagasta para establecer operaciones y explotar las vulnerabilidades de la frontera.
En respuesta, el gobierno chileno recurrió a un plan de militarización de la frontera norte para lograr mitigar algunos de estos fenómenos.
Sin embargo, esta estrategia ha sido objeto de crecientes críticas por su efectividad limitada y los riesgos de corrupción asociados. Diversos académicos y organizaciones internacionales advierten que las instituciones castrenses no están preparadas para enfrentar fenómenos complejos como el crimen organizado transnacional y que su participación puede debilitar el control civil y agravar la situación, como ha ocurrido en otros países de la región.
“Las Fuerzas Armadas están preparadas o son entrenadas o su objetivo es una hipótesis de guerra. En nuestro país, el crimen organizado no significa una hipótesis necesariamente de guerra”, dijo Pablo Zeballos, expolicía de Carabineros y consultor en temas de seguridad, en conversación con InSight Crime.
A diferencia de países como México, Colombia o Brasil, donde los militares han sido cooptados por redes criminales o incluso han hecho parte de ellas, en Chile aún persiste una imagen positiva de las instituciones de seguridad y conservan una capacidad de resiliencia oportuna frente al avance del crimen.
“Las dos investigaciones tuvieron mucho que ver con la capacidad interna de detectar esa anomalía. El trabajo interno de ambas instituciones permitió dar señales de alerta que fueron entendidas y gestionadas”, puntualizó Zeballos.