Los parlamentarios cuestionaron el proyecto del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior (FES), impulsado por el Ejecutivo para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Los parlamentarios de oposición advirtieron que la iniciativa genera incertidumbre, perpetúa la deuda estudiantil y debilita la autonomía de las universidades. Desde la sociedad civil, Pamela Pizarro y Javiera Rodríguez también sumaron reparos al modelo planteado por el Gobierno.
Los diputados de la Comisión de Educación Stephan Schubert (PRep) y Marcia Raphael (RN) criticaron el avance del proyecto de ley que crea el FES, el cual busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Según ambos legisladores, la propuesta del Gobierno no resuelve los problemas estructurales del financiamiento de la educación superior, sino que introduce nuevas complicaciones que pueden afectar tanto a estudiantes como a las instituciones.
En ese contexto, el diputado republicano Stephan Schubert expresó su coincidencia con el diagnóstico del Ejecutivo, pero rechazó la fórmula presentada por considerarlo “injusto”.
“Concuerdo plenamente con el Ejecutivo respecto a que el financiamiento de la educación superior es un sistema colapsado, mal diseñado y que debe ser modificado. Ahora bien, aceptar cualquier propuesta con la sola finalidad de cambiarlo, no corresponde. El FES no soluciona los problemas actuales y, en cambio, abre nuevos escenarios injustos, donde estudiantes con iguales condiciones socioeconómicas recibirán tratamientos distintos en materia de restitución de sus estudios”, señaló el congresista.
El parlamentario agregó que la propuesta del Gobierno carece de proyecciones confiables y responde a una visión ideológica. “Creemos que este es un sistema que refleja una mirada estatista y restrictiva. Al eliminar opciones de financiamiento mixtas, se corre el riesgo de que el Estado controle no solo quién estudia, sino también cuánto cuesta cada carrera y cómo operan las universidades privadas. Eso constituye un retroceso y un peligro para la diversidad educativa de Chile”, advirtió.
En la misma línea, la diputada Marcia Raphael manifestó que el diseño del FES solo desplaza el problema del endeudamiento hacia el futuro.
“Tal como se encuentra planteado el proyecto, los estudiantes estarían obligados a endeudarse por 20 años, con la promesa de que esa carga no impactará directamente las arcas fiscales, como ocurrió con el CAE. Sin embargo, lo que vemos es un mecanismo que no cambia de raíz la forma en que los jóvenes financian sus estudios”, enfatizó la legisladora.
La legisladora también expresó su preocupación por la pérdida de recursos en las universidades. “Al eliminar el copago, los planteles pierden autonomía y capacidad de inversión en infraestructura e investigación. Además, no existe una condonación real del CAE como se prometió en campaña, lo que genera falsas expectativas en quienes esperan una solución definitiva. Hasta ahora, el Ejecutivo ha dicho que escuchará indicaciones, pero no conocemos cambios efectivos que mejoren este proyecto”, afirmó Raphael.
Sociedad civil cuestionan proyecto FES y abogan por “igualdad de condiciones”
En el debate público, diversas organizaciones también han intervenido. Pamela Pizarro, directora ejecutiva de la Fundación Una Mirada, señaló que la discusión debe centrarse en la equidad del sistema.
“El Gobierno intenta presentar el FES como una solución estructural al CAE, pero lo cierto es que carece de bases sólidas y solo añade más burocracia disfrazada de reforma. La creación de nuevos fondos públicos bajo criterios políticos e ideológicos traslada el riesgo financiero a todos los chilenos. No estamos frente a un cambio profundo, sino a la repetición de un modelo ineficaz con otro nombre, que implica más gasto fiscal y menos certezas. Lo urgente es devolver el foco a la calidad de la educación, que es lo que realmente ayuda a las familias chilenas”, comentó.
A lo que agregó: “Para alcanzar transformaciones genuinas necesitamos un sistema eficiente, transparente y justo, donde se valore el mérito individual y el Estado deje de intervenir en ámbitos donde ha demostrado reiterados fracasos”, expuso Pizarro.
Por su parte, Javiera Rodríguez, magíster en políticas públicas, hizo un llamado a avanzar en un acuerdo transversal.
“El problema del endeudamiento estudiantil no se resuelve con parches ni con un esquema que repite errores del pasado. Lo que el país necesita es una política de financiamiento sustentable, con mirada de largo plazo, que dé certezas tanto a los jóvenes como a las instituciones. Este proyecto aún no responde a ese desafío”, concluyó Rodríguez.