La reciente participación de la Fuerza Aérea de Chile en la protección de un cargamento de droga ha desatado un escándalo de corrupción sin precedentes en la nación sudamericana, planteando preguntas sobre la resiliencia institucional que hasta ahora había sofocado la propagación del crimen organizado.
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El 15 de julio, un juez ordenó la prisión preventiva de cinco aviadores chilenos acusados de transportar 4 kilogramos de ketamina contrabandeados desde la Base Aérea Cóndores en Iquique, capital regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
Se les acusa de aprovecharse de sus cargos dentro de la fuerza para coordinar al menos otros tres cargamentos de droga en 2025, según la fiscalía regional de Tarapacá. Supuestamente utilizaron aeronaves oficiales que viajaron desde el norte del país hacia el área metropolitana de Santiago, la capital.
La ketamina es un anestésico de uso frecuente en el ámbito veterinario, que grupos criminales en Chile también han utilizado para producir » tusi «, una droga sintética conocida como cocaína rosa. Las autoridades han alertado sobre esta sustancia tras un repunte en las incautaciones en el norte de Chile y el papel de los grupos criminales transnacionales en su producción y tráfico.
Además del caso que involucra a la Fuerza Aérea, siete suboficiales militares fueron arrestados en junio de 2025 en Iquique. El grupo presuntamente traficaba 161 kilogramos de cocaína y 30 kilogramos de base de cocaína en camiones desde Bolivia.
Sin embargo, ese no fue el primer cargamento de droga transportado por miembros de las Fuerzas Armadas. La red corrupta de militares operaba desde al menos el año pasado y transportó hasta diez cargamentos de droga que cruzaron la frontera norte de Chile, según declaró a Radio Universo Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá .
Además de su participación en redes de narcotráfico, otros miembros de las fuerzas armadas y la policía han estado implicados en diversos delitos, desde tráfico de armas hasta extorsión. En 2022, tanto soldados como policías fueron acusados de robar armas oficiales y venderlas a grupos criminales en el norte de Chile. Posteriormente, en 2024, más de una docena de policías fueron acusados de extorsionar a camioneros bolivianos al cruzar la frontera.
Análisis de InSight Crime
Si bien Chile ha sido visto como un caso de relativo éxito en su lucha contra el crimen organizado, su proximidad geográfica a los principales países productores de cocaína de América Latina y los fracasos de la militarización en el norte han socavado su fortaleza institucional.
Las condiciones geográficas y logísticas del país resultan atractivas para los grupos criminales transnacionales. Sus fronteras con Perú y Bolivia —dos de los principales productores de cocaína del mundo— , así como su moderna infraestructura portuaria y su acceso al océano Pacífico, lo convierten en una plataforma ideal para el envío de cargamentos de droga a los mercados internacionales.
La región norte de Chile también se encuentra en una ruta migratoria clave. Grupos criminales como el Tren de Aragua , la banda más notoria de Venezuela, han aprovechado estos flujos irregulares en lugares como Tarapacá, Arica y Antofagasta para expandir sus operaciones y aprovechar las vulnerabilidades de quienes cruzan la frontera.
En respuesta, el gobierno chileno ha recurrido a una estrategia militarizada para intentar mitigar la migración irregular y la expansión de grupos criminales extranjeros.
Sin embargo, este enfoque ha sido duramente criticado por su limitada eficacia y los riesgos de corrupción oficial. Diversos académicos y organizaciones internacionales advirtieron que las instituciones del país no están preparadas para afrontar dinámicas tan complejas como la delincuencia organizada transnacional. De hecho, su participación podría agravar el problema, como ha ocurrido en otros países de la región.
“Las fuerzas armadas están entrenadas para un escenario bélico. Pero en nuestro país, el crimen organizado no implica necesariamente un escenario de guerra”, declaró Pablo Zeballos, expolicía y consultor de seguridad, a InSight Crime.
A diferencia de países como México, Colombia o Brasil, que tienen una larga historia de soldados cooptados por grupos criminales y arrastrados a sus filas, en Chile todavía hay una percepción positiva de las fuerzas de seguridad y éstas aún tienen la capacidad de frenar el avance de los grupos del crimen organizado.
Según Zeballos, las investigaciones previas sobre la corrupción en las fuerzas de seguridad chilenas se debieron en gran medida a su capacidad interna para detectar el problema. «El trabajo de ambas instituciones detectó señales de alerta que fueron reconocidas y abordadas», afirmó.