La parlamentaria junto a su par Andrés Celis proponen crear un sistema público que advierta a los usuarios cuando transfieren dinero a cuentas previamente denunciadas por fraude
La diputada Carla Morales (RN) coautora de un proyecto de ley que busca frenar el avance de las estafas digitales a través de la creación de un registro bancario público que identifique cuentas asociadas a fraudes económicos. La propuesta, presentada por el diputado Andrés Celis (RN), obliga a las instituciones financieras a advertir al usuario cuando intenta transferir dinero a una cuenta denunciada por presunto delito.
“Con este proyecto de ley se propone crear un registro público de personas que tengan denuncias de estafas económicas o fraudes digitales. Y esto con el fin de poder informar a la ciudadanía antes de que ellos puedan, por ejemplo, ejecutar una transferencia bancaria”, explicó la diputada, quien advirtió que los adultos mayores son las principales víctimas de estas modalidades delictivas.
Según el texto legal, las entidades bancarias deberán implementar un sistema de alerta visible que notifique al usuario cuando la cuenta de destino haya sido reportada previamente.
En ese sentido, Morales detalló que “los estafadores se hacen muchas veces pasar por entidades financieras, ejecutivos de bancos, proveedores, hasta a veces por los propios familiares. Y proponer este proyecto insta también a no tan solo resguardar a los ciudadanos y ciudadanas, sino también permite anticiparse ante una posible estafa”.
En la misma línea, el diputado Andrés Celis indicó que la iniciativa viene a cubrir un vacío normativo evidente. “No podemos seguir permitiendo que se repitan estafas con las mismas cuentas. Las instituciones financieras deben estar obligadas a advertirlo, y eso es lo que proponemos”, subrayó el legislador.
La propuesta contempla también la colaboración del Ministerio Público, que deberá informar mensualmente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre cuentas que hayan sido objeto de denuncias formales. Esta información servirá como base para alimentar el registro público, el cual será accesible tanto para las instituciones financieras como para los usuarios.