El parlamentario adelantó la presentación de un proyecto de ley y emplazó a las autoridades a asumir con seriedad esta situación que pone en entredicho el rol de quienes deben resguardar la seguridad al interior de las cárceles.
La situación que afecta a Gendarmería en la región de Magallanes vuelve a encender las alarmas. Esta vez, con la denuncia contra cuatro funcionarios de la cárcel de Punta Arenas que habrían incurrido en presiones indebidas y abuso de poder para vender completos a los internos a un precio de $3.500, es decir, dos mil pesos más caros que al público general.
El diputado por la región del Biobío y miembro de la Comisión de Defensa, Roberto Arroyo (PSC), calificó el hecho como grave y advirtió que “estas prácticas no solo reflejan abuso de poder desde una posición privilegiada, sino también un aprovechamiento económico inaceptable que erosiona la confianza en la institución”.
Hay que recordar que en el año ya van ocho funcionarios de Gendarmería desvinculados por sumarios administrativos. “Aquí hay un problema de fondo. Estamos viendo una serie de hechos que evidencian falta de control interno, falta de liderazgo y ausencia de una estrategia clara para enfrentar estas conductas dentro de Gendarmería”, agregó.
Frente a este escenario, Arroyo anunció que solicitará una audiencia con la Dirección Nacional de Gendarmería y que, además, ofició al Ministerio de Justicia para que informe si han identificado las causas de estas situaciones, y qué acciones concretas están llevando adelante para enfrentarlas.
También señaló que se está evaluando la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que permita fortalecer y modernizar adecuadamente a Gendarmería, dotándola de mayores herramientas, mejores controles y estándares más altos para enfrentar el avance del crimen organizado y evitar que este tipo de hechos se repitan.
Para finalizar, el legislador recalcó que el foco debe estar en proteger la institucionalidad penitenciaria, pero también en garantizar que quienes cumplen condena lo hagan en un entorno libre de abusos, presiones o beneficios indebidos. “El Estado debe dar el ejemplo y tener tolerancia cero con estos hechos”, concluyó.