La parlamentaria manifestó su apoyo a la denuncia realizada por ANFUSEPNA y pidió la renuncia del director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, tras revelarse graves irregularidades en licitaciones públicas.
La diputada RN Marcia Raphael pidió la renuncia del director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, tras la reciente denuncia que reveló la entrega anticipada de bases de licitación a fundaciones que posteriormente resultaron adjudicadas. Además, respaldó la solicitud de una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República.
“Los hechos denunciados son gravísimos y atentan contra los principios de probidad y transparencia que deben regir en toda institución pública, especialmente en aquellas que trabajan con niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados. Por ello, solicito con firmeza la renuncia del señor Castillo y su equipo asesor mientras se esclarecen los antecedentes”, manifestó la diputada Raphael.
Según el reporte del medio CIPER Chile, Claudio Castillo habría compartido un borrador técnico de un concurso aún no publicado con la Mesa de Residencias, grupo compuesto por fundaciones colaboradoras del servicio. Este documento contenía observaciones que fueron incorporadas en la versión final, beneficiando posteriormente a dichas fundaciones en las licitaciones realizadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
En ese contexto, Raphael subrayó la gravedad del caso: “No podemos permitir que prácticas de esta naturaleza pongan en tela de juicio la integridad de las instituciones que deben proteger a los más vulnerables. Es indispensable que la Contraloría investigue a fondo y determine las responsabilidades administrativas y legales pertinentes”, dijo la congresista.
La Asociación de Funcionarios del Servicio (ANFUSEPNA) también ha solicitado la renuncia del director, enfatizando que esta situación vulnera principios establecidos en la Constitución y diversas leyes sobre probidad administrativa. Ante esto, la congresista expresó su apoyo total a la denuncia: “El daño que estos actos generan a la confianza pública es incalculable. Exijo medidas concretas y ejemplares para restablecer la credibilidad del servicio”, concluyó.
La polémica pone nuevamente en discusión la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y control en instituciones públicas, particularmente aquellas dedicadas a la protección de la niñez.