La muerte del conscripto en Putre, la amputación de la mano de otro joven y los abusos que relataron los conscriptos que realizaban su servicio militar en Huamachuco, parecen asombrar poco a la opinión pública. Al menos no lo que se hubiese esperado considerando la gravedad de la situación.
Lo anterior puede ser porque nos estamos acostumbrando a tragedias así o porque sufrir este tipo de tratos forma parte de lo esperable en el contexto del servicio militar. Sin ir más lejos, a través de redes sociales, muchas personas escribieron comentarios muy ofensivos e inapropiados hacia los jóvenes. Algunas personas se atrevieron a mofarse e incluso a encararlos por su «falta de valentía».
Hacer el servicio militar no debe significar jamás que los jóvenes pueden ser víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a una situación similar a la que acabamos de ver en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática en su sentencia de 2017 en el caso Ortiz Hernández y otros versus Venezuela. La Corte sostuvo que «si bien la actividad militar conlleva en sí misma un riesgo por la naturaleza de sus funciones, el Estado se encuentra en la obligación de proteger la vida e integridad personal de los miembros de las fuerzas armadas en todos los aspectos de la vida militar, incluyendo los entrenamientos para afrontar situaciones de guerra o conflicto, así como el mantenimiento de la disciplina militar, entre otros».
En el caso de los conscriptos de Putre además hay denuncias de maltrato y tortura. Los jóvenes, quienes estaban bajo la custodia del Estado, han señalado que fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores, esto mientras dormían, comían, desarrollaban una instrucción o durante las caminatas. Relatan también que se les exponía a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos. Todo esto jamás debe naturalizarse. Al contrario debe despertar empatía por el dolor de estos jóvenes y sus familias.
El Estado de Chile debe emprender varias acciones al respecto, por una parte, debe investigar oportuna y exhaustivamente lo sucedido, y si corresponde debe sancionar a los responsables, incluyendo a toda la línea de mando del Ejército. Por cierto, debe reparar a las víctimas y proporcionar garantías de no repetición para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.
En el esclarecimiento de los hechos es imprescindible que se realice el protocolo de Minnesota, el cual corresponde aplicar en casos de muerte en custodia del Estado y el protocolo de Estambul, el cual es pertinente para acreditar denuncias de tortura.
Por otra parte, es tiempo de hacer una revisión completa respecto a cómo se está realizando el servicio militar; adecuar los protocolos internos para prevenir actos de tortura y tomarse en serio la formación en derechos humanos en el Ejército y en todas las instituciones de las Fuerzas Armadas.
Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el Estado tiene el deber de adoptar medidas preventivas de diversa índole, entre ellas de carácter administrativo o legislativo, a fin de reducir el nivel de riesgo al que se enfrentan los miembros de las fuerzas armadas en el marco de la vida militar.
Por cierto, es de extrema gravedad la denuncia de nueve conscriptos en la que indican que para tramitar la baja voluntaria debieron firmar un acta, la que sostenía que jamás recibieron apremios físicos, sicológicos, ni ningún tipo de maltrato. Si esta acusación es cierta estaríamos ante un intento de encubrir los hechos por parte del Ejército.
Es esperable que las acciones que se han anunciado a favor de esclarecer los hechos prosperen adecuadamente. Entre ellas está la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la designación de una ministra en visita por parte de la Corte Suprema y la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. El Estado debe hacer todo lo necesario para llegar a la verdad, reparar a las víctimas y dar garantías de que el sufrimiento de estos jóvenes no lo vivirán otros conscriptos. Esta vez el «nunca más» debe ser una realidad.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Rodrigo Bustos Bottai – Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
