Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de resolución presentado por el diputado Andrés Giordano, miembro de la Comisión de Deportes y Recreación, que solicita al Presidente de la República que se adopten “todas las medidas legales y administrativas para investigar eventuales responsabilidades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), junto con evaluar cómo establecer un órgano que fiscalice a dicha Asociación, por existir múltiples irregularidades en su funcionamiento y vinculación con clubes, sociedades, casas de apuestas, entre otras situaciones anómalas que requieren ser fiscalizadas”, señala el documento.
La solicitud fue aprobada por 97 votos a favor, 14 en contra -del Partido Republicano y René Alinco (PPD)- y 21 abstenciones -de Chile Vamos-. Fue firmada y apoyada por las diputadas Maite Orsini, Marisela Santibáñez, Ericka Ñanco, Camila Rojas, Claudia Mix y Consulo Veloso; y los diputados Jorge Brito, Jaime Sáez y Jaime Mulet.
El diputado Giordano indicó que “hoy la ANFP no le rinde cuentas a nadie y eso permite que se lleven la pelota para la casa, lo que afecta principalmente a los hinchas. Por ejemplo, no es secreto los vínculos que han tenido los representantes de los jugadores o la propia ANFP con las casas de apuestas, lo que sigue siendo una amenaza para la integridad deportiva; o los casos de violencia en el fútbol, incluyendo la violación en la Casa Naranja de Cobreloa donde se ha denunciado incluso por parte del Comité Nacional de Arbitraje, a lo menos, una omisión en actuar. Por eso hoy solicitamos la creación de un ente autónomo fiscalizador de la ANFP».
“La facultad fiscalizadora que el Congreso y el Ministerio de Justicia tienen sobre la ANFP se queda corta, porque ninguna de las dos instituciones puede meterse en temas de plata, algo que puede ser peligroso considerando las millonarias sumas que mueve el fútbol y el rol social que juega. Hoy en día se fiscalizan a ellos mismos, eso permitió que existiera el llamado ‘Cartel del Gol’», agregó.
La resolución presentada propone que “una posibilidad (…) es que el Consejo de Defensa del Estado, a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pueda ejercer una acción judicial con el objeto de solicitar la disolución de una corporación o asociación de derecho privado, sin fines de lucro, ante el tribunal que corresponda. No obstante, esta medida no ha sido acogida, por los costos políticos, jurídicos y económicos que ello implica. De esta manera, una fiscalización inexistente, sumado a sanciones de poca monta, son un escenario perfecto para seguir agudizando la crisis”.