Matte, Angelini, Faasa Chile Servicios Aéreos Ltda. y Martínez Ridao Chile Ltda., son nombres que se me vienen a la memoria cuando aparecen nuevamente los mega incendios forestales generando muertes y perjuicios irreparables a la población.
La inmensa mayoría de las hectáreas plantadas alrededor de sectores poblados en Chile con monocultivo de pino y eucaliptus, están instaladas en las regiones mas pobres del país. Es decir, luego de 50 años, el desarrollo de estos lucrativos negocios no han logrado mejorar sustancialmente las condiciones económicas ni de vida de los vecinos y restaurar los territorios que destruye y depreda.
Estas mega empresas ligadas a las familias Matte y Angelini, que obtienen millones de dólares de ganancias por cada día que pasa, siguen pagando sueldos indignos y miserables a sus trabajadores temporeros y otorgándoles contratos precarios que no proporcionan ninguna estabilidad económica a miles de familias locales.
Por mas de 50 años Chile se foresto con estos monocultivos, bajo convenios especiales y subvenciones millonarias otorgadas por el estado. Dinero publico proveniente de los impuestos de millones de ciudadanos que iban a parar a los bolsillos de empresarios privados para asegurarles sus negocios y sus utilidades.
Olvidados y exterminados quedaron los Quillayes, Boldos, Peumos, Bellotos, Canelos, Lingues, Queules, Robles, Maquis y Laureles que tuvieron la mala suerte de crecer en terrenos vistos por estas empresas como una oportunidad de explotación y negocio, arrasando progresivamente con la flora nativa, generando desertificación, acidificación de los suelos que los hacen incultivables y el agotamiento de los cursos de agua como ríos o esteros y las napas subterráneas de reserva.
Grupos empresariales movidos por el libre mercado salvaje sin regulación, a quienes no les importa carbonizar unos cuantos campesinos residentes y pobladores sin importancia, con tal de mantener el despojo del medio ambiente.
Chile se quema y mientras bomberos va apagando los focos, otros mas surgen misteriosamente a sus espaldas en lugares misteriosamente predecibles, como una muy mala pesadilla de la cual no es posible despertar.
Todavía mantengo vigente el recuerdo del día en que la mayoría ciudadana, termino rechazando un proyecto constitucional en el cual se establecía que bomberos fuera reconocido como un organismo del estado, y este debía dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, pero Chile rechazó.
Seguramente los modernos cazas de combate F16 recientemente comprados, o los carros blindados NZLAV, o con las nuevas fragatas Tipo 23 de la armada no podrán ir en socorro de las miles de familias que solo esperan un poco de agua para apagar el fuego que amenaza la vida y sus recuerdos.
Es justo que sea el Estado quien tenga que cubrir el costo de la compra de cuadrillas de aviones tanqueros y helicópteros destinados a cuidar el patrimonio privado, por el simple hecho de que pone en riesgo a la población?, creo que si, pero es inmoral, considerando que deben ser estos mismos conglomerados empresariales los que financien la flota de aviones y helicópteros necesarios y suficientes para proteger sus inversiones y además brindar seguridad a los vecinos producto de la operación del negocio del que ellos se benefician.
Seguramente las empresas saldrán ahora a dar explicaciones por la prensa, diciendo que han adquirido helicópteros especiales y aviones, pero ante los hechos y los resultados tan alarmantes, es indiscutible que sus inversiones en seguridad y prevención han sido absolutamente insuficientes e incluso criminales.
Chile necesita con urgencia una flota de aviones tanqueros del tipo Canadair CL-215 o Beriev Be-200, con pilotos entrenados que trabajen coordinadamente junto a la autoridad en el ataque a los siniestros, a fin de sofocar en el menor tiempo posible el fuego, mediante un flujo de descarga de agua permanente.
Haciendo un poco de memoria, en el año 2022 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión. El Requerimiento tuvo por origen la investigación reservada N° 2424-17 FNE, iniciada de oficio en febrero de 2017 “para comprobar eventuales infracciones al artículo 3° incisos primero y segundo letra a) del Decreto Ley n.° 211”, contra Calquín Helicopters Spa. (Calquín), Inaer Helicopter Chile S.A. (Inaer), y Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa) y Martínez Ridao Chile Limitada . Y también contra dos de sus principales ejecutivos: Ricardo Pacheco Campusano y Rodrigo Lizasoaín Videla, vinculados a Faasa, el primero, y a Inaer y Calquín, el segundo. Todo este proceso fue caratulado públicamente como el «cartel del fuego».
La Corte condenó a las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Ltda. y Martínez Ridao Chile Ltda. por » celebrar y ejecutar un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015″. El delito consistía en mantener un acuerdo único competitivo para fijar las condiciones de precios, destinado a impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado chileno de los servicios de combate y extinción de incendios forestales prestados mediante aviones cisterna. De forma adicional, la FNE también acusó a las Requeridas empresas de haber también acordado no competir por la contratación recíproca de sus trabajadores, estos acuerdos colusorios se conocen en derecho comparado como no-poaching agreements.
También la FNE acusó a sus dos principales ejecutivos: Ricardo Pacheco Campusano, vinculado a Fassa y Rodrigo Lizasoaín Videla, vinculado a Inaer y Calquín.
Entre los afectados estuvieron algunas empresas forestales privadas e instituciones del Estado como CONAF y la ONEMI.
La evidencia señala que las empresas requeridas sostuvieron diversas reuniones y comunicaciones directas a lo largo del periodo relevante, especialmente de forma previa a las fechas de contratación. Los contactos eran entre los principales representantes de las compañías, y en éstos se abordaba una operación conjunta de cara a los demandantes de sus servicios en Chile, entre ellos, la Corporación Nacional Forestal CONAF y las Empresas Forestales CELCO y MINICO.
El requerimiento de la FNE señalaba textualmente que : “La conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
La investigación comenzó secretamente en Chile a principios del 2017 luego de informaciones de prensa que detectaron una cuerdo en España entre empresas de combate de incendios forestales que generaron delitos, alteraciones de los precios en diversos tipos de licitaciones públicas, falsedad y adulteración de documentos, entre otros.
Estos acuerdos fueron investigados en Italia, Francia, Portugal y Chile. Todo termino en el año 2022 y determinó la colusión de estas dos grandes empresas de incendios en Chile, las que fueron acusadas y multadas también en Europa ( España y Portugal ) por delitos similares.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó en Chile al TDLC la aplicación de multas por 10.400 Unidades Tributarias Anuales que equivalen a más de $6.240 millones. Estas se distribuyen en 6.000 UTA para Fassa, 3.000 UTA para Inaer, 1.100 UTA para Calquín y 150 UTA para otros ejecutivos acusados. ( Rol C-358-2018 TDLC, Sentencia TDLC N° 179/2022).
Pero Chile tiene memoria corta y con seguridad muchos de nosotros olvidábamos estos importantes hechos históricos de inmensa gravedad y peligro.
Algo muy importante de destacar es que ante declaraciones a la prensa de la alta jefatura del Cuerpo de Bomberos y del Jefe de las Fuerzas a cargo del control territorial en emergencia, según sus palabras » aquí ha habido un plan concertado para provocar esta catástrofe», que coincidentemente a mi juicio se ajusta a un plan del MOP y la empresas constructoras privadas denominado Proyecto Ruta Periférica Valparaíso.
Este mega proyecto impulsado por el MOP contempla dos mega carreteras y vías de acceso periféricas en la Quinta Region, que contempla un corredor trazado sobre sectores protegidos de alto valor de biodiversidad como la zona norte de Quilpué, Jardín Botánico, Reserva Lago Peñuelas, Palma del Salto, Parque Natural Kan Kan.
Sospechosamente la ruta del fuego coincide con el origen de muchos de los focos del incendio y la demarcación asignada del proyecto.
Esta semana toda la catástrofe y los vecinos muertos carbonizados del puerto han comenzado a quedar en el olvido y el próximo año, haciendo honor a la memoria corta, volveremos a estar viviendo nuevamente lo mismo!
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Roberto Montoya – Psicoterapeuta Clínico, Miembro de la Agrupación de Chilenos Adoptados Irregularmente en el Extranjero. Defensor de los Derechos Humanos.
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