Con 144 votos a favor y 109 en contra, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este 2 de febrero en lo general el proyecto de ley ómnibus del Gobierno de Javier Milei, el cual delega facultades legislativas en el presidente y establece la privatización de numerosas empresas públicas.
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Aunque el mandatario Milei aplaudió el paso legislativo de su normativa, todavía falta una larga discusión en lo particular el próximo 6 de febrero, pues se trata de una ley que ha dividido a la clase política argentina y ha provocado gran inconformidad en las calles.
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«Resulta afirmativa la votación», anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras las protestas siguen en las principales ciudades argentinas, como Buenos Aires y Rosario.
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Y es que, tras tres días de debate, el oficialismo logró sacar adelante la iniciativa con el respaldo de sus 38 diputados y siete legisladores aliados, a los que se sumaron otros 37 del PRO, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019); 34 de la Unión Cívica Radical (UCR), y el de otros bloques de la oposición de menor peso, como Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
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Las discusiones de la iniciativa del Gobierno, cuyo nombre formal es Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se extendieron durante 31 horas en total, con 23 horas de debate fragmentadas entre el 31 de enero y el 1 de febrero, a las que se sumaron otras nueve horas esta jornada.
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La sesión de este 2 de febrero comenzó con una serie de cuestiones de privilegio (denuncias o mociones) que plantearon los diputados para rechazar la represión policial que hubo en los días anteriores contra manifestantes de partidos de izquierda y de otros movimientos sociales por protestar contra el proyecto medular del oficialismo.
«La historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en favor del pueblo, que ha sido empobrecido y hambreado durante años por la clase política», afirmó el presidente Javier Milei minutos después de la aprobación.
¿De qué trata esta ley?
El proyecto de ley delega facultades del Poder Legislativo en el presidente, a partir de una declaración de emergencia que rige por un año, prorrogable por otro, y que pasó de abarcar 11 áreas a delimitarse a cinco: administrativa, económica, financiera, tarifaria y energética.
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El texto, sobre el que el oficialismo tuvo que hacer varias concesiones, también plantea una reforma del Estado, la privatización de 27 empresas públicas, de las 41 originales, y la privatización parcial de otras tres compañías.
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El Ejecutivo de Milei mantiene bajo el espectro privatizador compañías como Aerolíneas Argentinas, la empresa de agua AySA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, la agencia de noticias Télam y la Televisión Pública, lo que genera resistencias entre algunos diputados y gobernadores.
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La iniciativa del oficialismo ha sido cuestionada por desfinanciar la cultura y eliminar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Instituto Nacional del Teatro, y el Fondo Nacional de las Artes, entre otras instituciones públicas.
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El texto pauta modificaciones en regulaciones comerciales y en temas ambientales, con cambios en la legislación que protege los bosques, los glaciares y los territorios de las quemas.
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El proyecto también incide en los regímenes de infraestructura, transporte, educación, producción y energía e hidrocarburos, cambia el registro de las actividades mineras y establece un estándar sanitario único para toda la industria frigorífica.
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La norma se debe aprobar ahora artículo por artículo antes de ser girada al Senado para su sanción definitiva.