El Gobierno argentino logra un dictamen favorable para tratar la ley ómnibus en el Congreso

El Gobierno argentino liderado por el presidente, Javier Milei, consiguió un dictamen de mayoría sobre la denominada ley ómnibus, una iniciativa de más de 500 artículos que le otorga facultades al presidente para que legisle en lugar del Parlamento y que será tratada por la Cámara de Diputados.
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El oficialismo logró la cantidad de firmas necesarias para obtener un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley, cuyo nombre formal es Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
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Durante el plenario de comisiones que se reunió para tratar esta iniciativa, la coalición gobernante La Libertad Avanza (ultraderecha) logró el apoyo de 57 diputados, de los cuales 21 eran del oficialismo, 20 fueron aportados por el PRO (partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), ocho más sumó la Unión Cívica Radical (UCR) y otros seis agregaron bloques minoritarios como Hacemos Coalición Federal (cuatro) e Innovación Federal (dos).
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De las 57 firmas, 34 fueron con disidencias, ante discrepancias sobre algunos artículos del proyecto como el incremento de las retenciones, la forma de actualización de las pensiones, el financiamiento político o las privatizaciones. La principal alianza opositora, Unión por la Patria, presentó un dictamen de minoría que obtuvo 45 apoyos, en rechazo al proyecto oficial.
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El borrador de la norma, uno de los pilares del Gobierno, le atribuye al presidente facultades legislativas a partir de una declaración de emergencia que rige por un año, prorrogable por otro. El proyecto de ley también introduce reformas en materia económica, social y política, con cambios impositivos de calado, restricciones en la forma de financiar la cultura y con cambios en la manera de ajustar las jubilaciones, entre otras modificaciones.
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La principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo, convocó una huelga general en rechazo a las primeras medidas del Gobierno, entre las que se incluye este proyecto de ley además de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica o deroga 366 leyes para desregular distintos sectores de la economía.