La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución que rechazó decretar la prisión preventiva de Olga Paz Barraza Quezada, Cecilia Mónica Leyton Guerrero y Nuvia Makarena Luna Fernández, imputadas por el Ministerio Público por su participación en los delitos consumados de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. Ilícitos cometidos en diversas ciudades del país, entre 2014 y 2020, en el marco de caso denominado “Megafraude tributario”.
En fallo dividido (causa rol 6.507-2023), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra Lilian Leyton Varela y el ministro Fernando Guzmán Fuenzalida– desestimó los recursos de apelación interpuesto en contra de la resolución, dictada por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, que dejó sujetas a las imputada a arresto domiciliario, arraigo y firma.
“De acuerdo con los fundamentos expresados en esta audiencia, que constan en el registro de audio, se confirma la resolución apelada dictada en audiencia realizada entre los días dieciocho y veintiuno de diciembre del presente año, dictada por el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó decretar la prisión preventiva respecto de las imputadas Olga Paz Barraza Quezada, Cecilia Mónica Leyton Guerrero y Nuvia Makarena Luna Fernández”, consigna el fallo.
Decisión acordada con el voto en contra de la ministra Leyton Varela, quien estuvo por revocar la resolución apelada y disponer la prisión preventiva de las tres imputadas.
Comunicada la resolución, el tribunal de base dio orden de libertad inmediata de Olga Paz Barraza Quezada, Cecilia Mónica Leyton Guerrero y Nuvia Makarena Luna Fernández, quienes permanecían detenidas en tránsito en los recintos penitenciarios de San Miguel, Ovalle y Alto Hospicio, respectivamente.
A contar de hoy, Barraza Quezada y Luna Fernández deberán cumplir las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional; en tanto, Leyton Guerrero deberá permanecer con arresto domiciliario parcial nocturno, entre las 22 horas y las seis de la mañana del día siguiente, arraigo nacional y firma mensual, medidas decretadas en su contra el jueves 21 de diciembre, recién pasado.