Las autoridades peruanas «deben proceder a la excarcelación inmediata» del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), declaró este miércoles 29 de noviembre el presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario en 2022.
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«Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia», dijo Morales al canal de televisión N.
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El día anterior (28 de noviembre), el TC emitió un fallo en el que declaró improcedente una solicitud de aclaración presentada por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que en marzo de 2022 concedió un habeas corpus —indulto— al expresidente Alberto Fujimori.
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El documento reciente señala que la sentencia de 2022 «se trató de una decisión final» y fue «jurídicamente válida», por lo que «no cabe impugnación alguna» frente a ella.
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De acuerdo con el abogado de Fujimori, Elio Riera, citado por medios locales, la decisión abre las puertas para la liberación del exmandatario.
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«Estaría saliendo libre dentro de la 24 horas. En la práctica procesal son 48», señaló el defensor.
Sin embargo, otros legistas señalan que la sentencia del TC es ambigua, por lo que no se puede concluir que el TC está ordenando la libertad de Alberto Fujimori. Antes bien, delega la responsabilidad a un juez penal, que deberá tomar una decisión.
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«Pero además, hay algo que el TC no analiza ni menciona que es la sentencia de la Corte IDDHH ni la resolución de medida cautelar que la Corte emitió a pocos días de que salió la sentencia de marzo de 2022, disponiendo que Perú no podía liberar a Fujimori», dijo al diario peruano La República el abogado Carlos Rivera.
De acuerdo con el letrado, la libertad de una persona no puede sustentarse en la interpretación de una sentencia, sino en una decisión clara y distinta que así lo determine. «Sólo así se puede liberar a una persona», dijo.
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Actualmente, Alberto Fujimori cumple una condena de 22 años en el Penal de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato, concretamente en los casos La Cantutta y Barrios Altos.
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El caso Barrios Altos consistió en el asesinato de 14 civiles en esa urbanización, ubicada en el distrito limeño de Cercado de Lima. Este ocurrió el 3 de noviembre de 1991.
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El caso La Cantuta fue también el asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en esa localidad ubicada en Lima. Este ocurrió el 18 de julio de 1992.
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Los asesinatos fueron pepretados por el Grupo Colina, dirigido por Fujimori y que fue utilizado para luchar contra la organización terrorista maoista Sendero Luminoso, que a principios de la década de los 90 se encontraba en auge máximo, teniendo como objetivo capturar el Estado por las armas para implantar un Gobierno del proletariado.