El pasado viernes 17 de noviembre, el abogado Jean Pierre Matus Acuña se integró como ministro titular de la Sala Penal de la Corte Suprema, tras la salida del ahora ex ministro Haroldo Brito Cruz, quien dejó el Tribunal Supremo por cumplir la mayoría de edad para ejercer como juez de la República (75 años). Dicha sala es importante para las organizaciones de derechos humanos por tratar directamente causas de violación a los derechos fundamentales de las personas durante la dictadura militar y la revuelta social.
La designación, sin embargo, no generó adhesión. Sumado al rechazo de la corporación Londres 38 y de la Corporación 20 de Octubre, los diputados comunistas Nathalie Castillo, Matías Ramírez, Lorena Pizarro y Maria Candelaria Acevedo, solicitaron la inhabilidad del abogado, debido a que mañana 22 de noviembre se realizará el juicio que revisará el recurso de reposición interpuesto por la defensa de José Faúndez Sepúlveda, capitán del ejército condenado a 15 años por su participación en la muerte del joven Romario Veloz, ocurrida el 20 de octubre del 2019.
Matus asesoró al Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, durante la revuelta social, período en el que ocurrió la muerte de Veloz y por la que Faúndez ya recibió condena.
Cabe recordar que por esta causa el 12 de septiembre el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de La Serena, condenó a 15 años al capitán Faúndez y a otros tres funcionarios militares por la participación en la muerte de Veloz, quien recibió impacto de proyectil en su cuello ocasionándole la muerte. Por esta decisión, la defensa de Faúndez presentó un recurso de nulidad en la Corte Suprema, siendo rechazada por el tribunal, al considerarla inadmisible.
Pese a ello, la defensa insistió, presentando un recurso de reposición que se verá mañana y donde el ministro Jean Pierre Matus conocerá la causa.
“Estamos solicitando que se inhabilite para conocer la causa, porque no es un ente objetivo atendiendo a que prestaba servicios al Ejército y al comandante en jefe durante la revuelta. Durante esa época, mientras se desarrolló el proceso de investigación de Romario, solicitamos que se iniciara un proceso administrativo, el cual fue denegado por el Ejército y que solo comenzó con posterioridad por orden de Contraloría. Estas fueron decisiones de la Comandancia en Jefe, asesorada por Matus. Asimismo, creemos que no hay objetividad dado que Faúndez y Jean Pierre Matus formaban parte de la misma institución en aquella oportunidad y posteriormente también”, expresó Adriana Rojas, abogada de la Corporación 20 de octubre y representante legal de la familia de Romario.
Diputados comunistas: “Lesiona la garantía de imparcialidad de los tribunales”
En tanto, la diputada Nathalie Castillo, señaló que la solicitud se da en vías de “la transparencia, la objetividad del caso y la imparcialidad que deben tener los tribunales de la justicia (…) Esto lesiona la garantía de imparcialidad de los tribunales y por eso esperamos que se pueda inhabilitar antes de dar un tipo de sentencia”.
El diputado Matías Ramírez señaló que genera dudas su imparcialidad en el conocimiento de causas, no solamente de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar, sino que también respecto de causas vinculadas al estallido social.
“No solamente esperamos que se inhabilite sino que también se revise el nombramiento de los ministros en una Sala tan relevante que ha fijado posturas claves en causas de derechos humanos”, sostuvo.
Para la diputada Maria Candelaria Acevedo “lo correcto es su inhabilidad. No podemos pasar por alto sus vínculos con las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército”.
Finalmente, para la diputada Lorena Pizarro es un “riesgo de lo que estamos viviendo hoy en la Sala Penal de la Corte Suprema que está íntimamente vinculado a la presencia de un ministro, Jean Pierre Matus, que está muy vinculado a visiones que no consagran el derecho internacional de los derechos humanos, lo que se traduce en mayor impunidad para los genocidas condenados por sus crímenes”.