- Tras dos jornadas de análisis, la Sala de la Cámara despachó la norma al Senado, desestimando la mayoría de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, que consideraban la precariedad económica de quienes realicen tomas u ocupaciones, así como revertir la legítima defensa privilegiada.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a tercer trámite el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución (boletines refundidos 14015 y 13657).
El texto ya había sido aprobado en su idea de legislar en una sesión anterior. Sin embargo, su articulado había quedado pospuesto debido a un segundo análisis por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Allí el Ejecutivo intentó, sin éxito, buscar acuerdos en diversas materias donde a su entender, se alteró la idea matriz del texto.
Las indicaciones finalmente rechazadas en la comisión, tampoco prosperaron en sala, salvo una de ellas relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.
Así, se cayeron aspectos como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio del Gobierno, da pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo que derivaría en enfrentamientos entre las personas.
Para los legisladores oficialistas, la iniciativa tal como quedó, equivoca el foco. Ello porque sanciona la precariedad al criminalizar la pobreza y atentar contra derechos fundamentales, cómo es el derecho a vivienda.
En tanto, la ministra del Interior Carolina Tohá dijo que esta ley tiene que endurecerse, pero no a tal punto de que los ciudadanos defiendan sus derechos por sus propias manos.
Precisó que hoy las herramientas para defenderse de la usurpación son muy débiles, por lo que se necesita una ley que salga pronto. Sin embargo, recalcó que se requiere que sea una buena ley de ocupaciones.
“El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, precisó.
Ocupaciones ilegales o usurpaciones
Cabe recordar que el proyecto establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.
Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.