Analizar los alcances de la Comisión Asesora contra la Desinformación y su impacto en la libertad de expresión, el periodismo plural e independiente y los valores democráticos, fue el objeto de la sesión especial realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
En el tiempo previo intervino la diputada Natalia Romero (IND), quien cuestionó el rol del organismo impulsado por el Gobierno, cuya efectividad está en duda y no se encuentra garantizada.
En ese sentido precisó que la Comisión Asesora parece fundarse más en el temor a las publicaciones que hacen los medios de comunicación, que a la protección real de la libertad de expresión. Sostuvo además que la instancia, con sus regulaciones, no se hace cargo de las noticias falsas o fake news.
Al respecto, cabe recordar que la instancia pretende generar propuestas frente al problema de la desinformación o noticias falsas en plataformas digitales, sin embargo, esta ha sido cuestionada por, supuestamente, pasar a llevar la libertad de expresión.
Respaldo del Ejecutivo a comisión contra desinformación
En representación del Ejecutivo intervino la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. La vocera recalcó que se está frente a una problemática global, que ha sido abordada entre otros organismos por Naciones Unidas, Unesco y la Ocde.
Vallejo defendió la instancia, sosteniendo que la desinformación es un riesgo a la garantía de la libertad de expresión, una amenaza a las democracias y a los derechos de las personas. “Elegimos el camino de la comisión porque este es un fenómeno complejo y dinámico”, precisó.
Asimismo, sostuvo que se requiere dar este debate con altura de miras. Explicó que la comisión asesora no legisla, no establece decretos, ni adopta medidas. “Cuando decimos que necesitamos la participación de expertos es porque queremos un debate político basado en la evidencia; lo que arroje la comisión de expertos va a contribuir muchísimo a ese debate”, sentenció.
En tanto la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry explicó el rol de su cartera en este tema. Al respecto sostuvo que la investigación y evidencia tiene que aportar en el desarrollo de las políticas públicas. Recalcó que sus definiciones no son vinculantes, sino que un insumo para avanzar en materia de desinformación.
Resolución aprobada
La sesión concluyó con la aprobación de una la resolución 1002. El documento manifiesta el categórico rechazo de parte de la Cámara a la utilización de mecanismos de desinformación.
Asimismo, solicita al Presidente de la República adoptar con urgencia todas las medidas tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información, especialmente en lo concerniente a las plataformas digitales, entendido como uno de los principios rectores para el resguardo de nuestra democracia.