Difusión de información falsa, proliferación de datos sin contexto y medias verdades, lo cierto es que la región latinoamericana se ve atestada de campañas de desinformación que accionan sobre gobiernos, organizaciones sociales, campañas de prevención de salud y/o procesos electorales, entre otros aspectos.
Si bien es probable que el desorden informativo se perciba más durante situaciones de coyuntura noticiosa, lo cierto es que la desinformación deja huellas que pueden tener larga vida dentro de la ciudadanía.
En las actualidad, todas las personas estamos expuestas a una gran diversidad y cantidad de opiniones, datos y todo tipo de información: desde los últimos avances en materia de salud relacionados con la pandemia de la COVID-19, pasando por las efectos del cambio climático hasta los datos del transporte que nos ayudan a decidir a qué hora salimos de casa.
La velocidad con la que se transmiten y nos llegan esos grandes volúmenes de datos origina, en la ciudadanía en general, significativas dificultades para clasificar la calidad de la información que reciben. Esto sumado a la creciente polarización en la opinión pública es un caldo de cultivo para la proliferación de desórdenes informativos tales como la difusión masiva de noticias falsas y contenido relacionado a ellas como los rumores, las conspiraciones y/o la información sesgada. Numerosos estudios dan cuenta de que entre las principales consecuencias estos desórdenes influyen en las percepciones de las personas y pueden debilitar la confianza en instituciones como los medios de comunicación y organismos prestigiosos de la ciencia, por ejemplo.
La desinformación en Chile
En el año 2022 el Servicio Electoral (Servel) entregó 202 denuncias vinculadas a noticias falsas que resultaron de un 23% del total de las acusaciones recibidas durante el último proceso eleccionario (la cifra llegó a 863)1. Este es un dato que aporta CIPER y se trata de un ejemplo que muestra claramente el vacío legal que existe en el país debido a que en la actualidad no existe normatividad que sancione el uso de la desinformación en campañas electorales. Al mismo tiempo, la misma organización detectó una serie de anuncios tanto gráficos como radiales que fueron costeados por diferentes espacios o asociaciones civiles y que contenían información errónea sobre la última propuesta constitucional.
Por su parte, los resultados entregados por el índice de Chapultepec sobre libertad de expresión que evalúa a 22 países de América, muestran que Chile bajó 4 puestos y se instaló en el número 6 en la categoría de “bajo en restricciones a la libertad de prensa”, donde también se encuentran países como Paraguay, Estados Unidos y Costa Rica. El informe establece que una de las amenazas que enfrenta el país son las fake news, por lo fácil y rápido que se viralizan y llegan a los ciudadanos que no tienen cómo comprobar la veracidad de la información que reciben.
Para combatir la información errónea han surgido en Chile y el mundo los verificadores de noticias o Fact Checkers, quienes tienen la función -en líneas generales- de clasificar cierta cantidad de información y/o información específica y de coyuntura. El trabajo realizado es una de las maneras que ha surgido desde las universidades, medios de comunicación y/o organizaciones civiles para combatir el desorden informativo. Sin embargo, son los medios de comunicación y la prensa los principales llamados a realizar una labor informativa certera y con altos índices de veracidad de modo que logren disipar informaciones de fuentes dudosas o desconocidas.
¿Esto es suficiente? No.
Es importante destacar que no todo contenido es verificable, ya que hay piezas de información —como opiniones o proyecciones sobre el futuro— sobre los que no se puede hacer un chequeo o verificación. Además, las noticias falsas suelen difundirse mucho más rápido que las desmentidas o aclaraciones.
Distintas organizaciones e incluso gobiernos, han decidido avanzar contra el desorden informativo mediante el desarrollo de programas de alfabetización mediática e informacional. Las mismas tienen la intención de promover las habilidades de alfabetización de los medios de comunicación y de las tecnologías. Para la Unesco, «[…] capacita a los ciudadanos para que comprendan las funciones de los medios de comunicación y de otros proveedores de información, evalúen de forma crítica su contenido y tomen decisiones fundamentadas como usuarios y productores de información y contenido mediático»2.
De hecho, el reciente informe “Más amplitud, más voces, más democracia” elaborado por la Universidad de Chile, Universidad de La Serena y la Universidad La Frontera que entrega recomendaciones sobre la situación de las comunicaciones en el país, propone el desarrollo de un plan nacional de educación mediática, tal como lo expresa Unesco, de modo que la ciudadanía cuente con herramientas para relacionarse de forma positiva con los medios de comunicación y valorar el trabajo periodístico.
Entonces, la efectividad de las distintas acciones de verificación podría combinarse con ciudadanos y ciudadanas conozcan y comprendan los derechos de la vida digital y de los medios de comunicación. Una ciudadanía capaz de reflexionar, aprender y debatir sobre el fenómeno de la desinformación que afecta a la vida en democracia.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Escrito por: Rocío Alorda, presidenta Colegio de Periodistas de Chile y Carolina Montiel, periodista experta desorden informativo y discurso de odio. Coordinadora de la Guía de verificación de noticias en medios digitales (CCD, México).