Protección a denunciantes de actos contra la probidad administrativa: Comisión Mixta despacha informe con acuerdos

  • El texto, que deberá ser considerado por las respectivas Salas de la Cámara y del Senado, resuelve una serie de materias “dando un salto en la regulación que existe”, se precisó durante la sesión.

La Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara, en torno al proyecto que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, concluyó su cometido con acuerdos, según se indicó en la sesión, que “dan un salto en la regulación que existe en la materia”.

La instancia, presidida por el senador Esteban Velásquez, respaldó por unanimidad el informe que incluyó precisiones, correcciones “y perfeccionamientos que están dentro de las idas matrices, para que el mecanismo sea más eficiente”, explicó.

Cabe recordar que la iniciativa legal posibilita -a través de un sistema de denuncia a cargo de la Contraloría General de la República- que cualquier persona, “en forma ágil y sencilla” pueda realizar una denuncia de actos contra la probidad administrativa, con reserva de identidad y protección ante posibles represalias.

ACUERDOS

Entre los puntos acordados, y que incluyeron las propuestas del Ejecutivo -representado en la sesión por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde- están: el ampliar el ámbito de los sujetos protegidos, incluyendo a estudiantes en práctica y prestadores de servicios contratados; las denuncias presentadas por este canal podrán tener seguimiento y ser registradas por Contraloría (aspecto planteado por la propia Contraloría); se asegura que las medidas de protección sean otorgadas.

Además, respecto de la alegación de represalias (artículo 12), se incorporan como sujetos protegidos y que pueden alegar represalias, a los testigos, y se amplía a 30 días el plazo para alegarlas.

Sobre cooperación eficaz (artículo 14) y como “incentivo”, se explicó desde el Ejecutivo, “se incorpora el atenuante de cooperación eficaz a quienes van a ser destituidos e inhabilitados a cargos públicos, bajando esta inhabilidad de 5 a 3 años”. Esto, con el fin de incentivar las denuncias.

Ahora, el informe de la Comisión Mixta debe ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados y luego por el Senado.