Asamblea Nacional de Ecuador aprueba juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

Posterior al cierre del debate, con 88 votos afirmativos se aprueba la resolución que dispone continuar inmediatamente con el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.
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Con el voto de 88 de los 116 legisladores, Lasso tendrá que afrontar un segundo juicio político que podría llevarlo a su censura y destitución.
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El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, deberá convocar a una nueva sesión plenaria para la próxima semana a fin de realizar otra votación en la que se necesitarán como mínimo 92 voluntades para dar paso o no a la censura y destitución del jefe de Estado.

Entre los legisladores que intervinieron en la sesión que se prolongó por unas cinco horas, la asambleísta por el opositor Unión por la Esperanza (UNES, izquierda) Viviana Veloz Ramírez presentó lo que consideró la prueba del contrato entre la estatal ecuatoriana Flopec y Amazonas Tankers, considerado lesivo para el Estado, con un perjuicio de 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
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La legisladora, una de las interpelantes en este proceso, indicó que el gobierno de Lasso firmó un contrato en 2022, por el cual el presidente tendrá que responder ante el país.
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En particular mencionó que este documento «tiene dos cláusulas contractuales gravísimas», una de las cuales dispone que Flopec debe ingresar de dos a tres buques más para Amazonas Tankers, y la otra establece un «candado contractual» para que Ecuador no pueda terminar unilateralmente este contrato para el transporte del crudo nacional.
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Por su parte, el mandatario ha declarado públicamente que ese contrato se rubricó en 2018, dos años antes de él tomar posesión del cargo, en mayo de 2021.
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En el caso El Gran Padrino, que investiga la Fiscalía como Caso Encuentro, fue involucrado el empresario Danilo Carrera, cuñado del mandatario como presunta cabeza de dicha red, encargada de vender cargos y contratos en varias empresas del sector público.
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El presidente, según las denuncias, habría conocido un informe policial que fue reservado y el cual se refería a presuntos nexos del operador político Rubén Chérrez, cercano a Carrera, con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa.
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Uno de los audios revelados por el medio de comunicación local La Posta reveló que el entonces candidato a la Presidencia y ahora mandatario recibió un millón y medio de dólares a su campaña electoral, proveniente del narcotráfico.
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También el presidente de la Secretaría Anticorrupción, Luis Verdesoto, presentó un informe al jefe de Estado que señalaba indicios de hechos de corrupción pero solicitó no darlo a conocer, por lo cual se le cuestiona a Lasso la omisión de ambos documentos.
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Horas antes de que el legislativo resolviera sobre el juicio político, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que la sesión del martes iba a ser ilegal al no existir un informe aprobado de la Comisión de Fiscalización.
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En caso de ser destituido el mandatario, deberá asumir el cargo el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, para terminar el período de mandato para el cual fue electo este gobierno, hasta 2025.
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El mandatario ha señalado en varias entrevistas que de no tener los votos pasa salvarse de la destitución, podría acudir a la «Muerte cruzada», un mecanismo constitucional que le permite disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas