¿Qué debe prevalecer: la privacidad de las personas o la seguridad nacional? Un viejo dilema que volvió esta semana tras la decisión de la Justicia brasileña de bloquear temporalmente a la aplicación de mensajería Telegram por negarse a entregar información completa sobre grupos neonazis que tienen cuentas en su red.
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Por Lucía Barrios
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Existe una «delgada línea» y un «vacío legal» al respecto, explicó la especialista ecuatoriana en Seguridad e Inteligencia Carolina Andrade, excoordinadora general de Inteligencia durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
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Mientras por un lado se corre el riesgo de abusos por parte de los estados que invadan la esfera personal de los usuarios —e incluso de organizaciones criminales que compran datos personales de las plataformas— por otro, grupos extremistas se pueden amparar en la protección de privacidad para organizar acciones delictivas con impunidad.
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«Este caso muestra un dilema entre la privacidad de las personas y la seguridad de los Estados. Un dilema que no es nuevo, pero creo que lamentablemente no se ha abordado adecuadamente (…) Es una delgada línea y muy oblicua porque es un espacio anárquico, donde no hay reglas claras que marquen principios mínimos que señalen en qué condiciones los estados pueden acceder a la información y qué responsabilidades tienen y por otro lado hasta donde los ciudadanos tenemos el derecho a la privacidad», afirmó.
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La experta indicó que, «en esa anarquía, hay abusos por parte de las transnacionales, Estados grandes, grupos políticos y delincuencia organizada».
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La Justicia de Brasil bloqueó el uso de Telegram en todo el país el 26 de abril tras una petición de la Policía Federal por no colaborar en una investigación sobre grupos neonazis que planifican ataques violentos en escuelas.
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Además de determinar la suspensión de la aplicación, la Justicia amplió la multa a Telegram por no entregar la información, de 100.000 reales a un millón de reales (de 198.000 a casi dos millones de dólares) por cada día que pase sin aportar los datos.
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La petición de la policía se da después de descubrir que el asesino de 16 años que en noviembre de 2022 mató a cuatro personas en Aracruz (estado de Espírito Santo, sureste de Brasil) interactuaba con grupos de contenidos antisemitas en Telegram.
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Reacción de Telegram
La plataforma señaló en un comunicado que su misión es «preservar la privacidad y la libertad de expresión en todo el mundo». Pero, además, afirmó que el pedido de las autoridades brasileñas es «tecnológicamente imposible».
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«En los casos en que las leyes locales van en contra de esta misión o imponen requisitos tecnológicamente inviables, a veces tenemos que abandonar dichos mercados (…) En Brasil, un tribunal solicitó datos que son tecnológicamente imposibles para nosotros de obtener. Estamos apelando la decisión y estamos esperando la resolución final. No importa el costo, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a la comunicación privada», agregó.
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Según recoge la prensa local, la Policía Federal rechazó las declaraciones de Pavel Durov, cofundador de Telegram, señalando que los números de teléfonos de los grupos neonazis eran factibles de obtener.
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El 21 de abril, la compañía entregó parte de la información solicitada a las autoridades, pero la policía demanda contactos de integrantes y administradores del grupo virtual.
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No es la primera vez que Telegram tiene problemas con las autoridades brasileñas: el año pasado, el Tribunal Superior Electoral amenazó con prohibir el funcionamiento de la plataforma en el país si ésta no se prestaba a colaborar en el combate a la desinformación en las elecciones presidenciales.
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Las estrategias
Andrade afirmó que Telegram está apostando a que los ciudadanos vean a la plataforma como una garantía a la privacidad; sin embargo, esta estrategia podría generarle una «imagen negativa».
«Creo que podría generarse una imagen un poco desproporcionada a la que se está buscando. Por un lado la empresa le dice a los ciudadanos: ‘No vamos a dar ninguna información a los Estados, somos garantes de ella’, pero por otro, al tratarse un caso específico que es una organización de extrema derecha neonazi, probablemente puede afectar a la legitimidad de la plataforma», agregó.
Por otro lado, Brasil remarca que el pedido surge de un proceso judicial, por lo que asegura que tiene derecho a obtener esa información, dijo la analista.
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«Sin embargo, no sabemos qué precedente va a marcar esta decisión a futuro. ¿Por qué no lo ha hecho en otras plataformas? Hay un trasfondo geopolítico en las plataformas que utilizamos. Es lo mismo que sucede con TikTok en EEUU, quien busca que se prohíba porque es una plataforma de origen chino a pesar de que se dice que es un país que defiende la libre expresión», indicó.
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«Anarquía»
Esta situación en Brasil vuelve a traer al centro del debate mediático la «anarquía legal» o falta de reglas o criterios que regulen el uso de datos personales generados en redes sociales o plataformas de mensajería, dijo Andrade.
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«Estas plataformas, no solamente Telegram, WhatsApp, tienen espacios de vulnerabilidad en cuanto a cómo son utilizadas por grupos de extrema izquierda y derecha y que podrían planificar acciones violentas. Tenemos ese lado, pero también tenemos un Estado que puede, a partir de esos requerimientos, extenderlo a otros grupos de forma indiscriminada y sin un control adecuado de qué información está requiriendo y para qué objetivos (…) eso puede vulnerar derechos», agregó.
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Es necesario saber cómo los estados, empresas y organizaciones criminales tienen acceso a los datos personales, consideró la analista.
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«Además, la falta de conciencia de los ciudadanos permite que los Estados abusen de esas herramientas que son vendidas en el mercado internacional a grandes precios, que en teoría son de acceso para los Estados pero que realmente no hay un control. Vimos que se utilizan entre políticos, empresas privadas o criminales. Hay muchos vacíos y vulnerabilidades. Incluso las grandes empresas buscan estos datos para adaptar sus estrategias de marketing a través de nuestra actividad en redes», afirmó.
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Consideró que este tema debería tener un debate global a través de organismos internacionales para que todos los países acuerden un convenio que frene los «abusos» y ponga «reglas claras».
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