Aprobada Ley Naín Retamal, la llave que abre el camino hacia la impunidad

Santiago – Un rotundo rechazo sostiene frente a la aprobación que realizó el parlamento, el constitucionalista de la ONG CODEPU, abogado Hiram Villagra Castro, ante la aprobación de la denominada legítima defensa calificada en favor del cuerpo de Carabineros de Chile, quien ha manifestado que la mencionada iniciativa es un paso en la dirección equivocada: “los niveles de violencia social no se combaten con mayor represión, precisa el abogado constitucionalista, como lo ha demostrado la experiencia internacional, en  EEUU se aprobaron muchas leyes en defensa de sus policías, en España con la llamada ley mordaza, también en México con la famosa declaración de la guerra contra las drogas, son ejemplos de países donde lejos de disminuir los niveles de violencia social, lo que hacen es incrementarla, las  leyes promulgadas producen muy buenos efectos propagandísticos, pero en los hechos no disminuyeron los niveles de violencia, lo cual está demostrado”.

Las formas de combatir los mencionados niveles son diametralmente opuestas, agrega el abogado Hiram Villagra: «bajar el número de armas en poder de los civiles, asfixiar económicamente a la delincuencia organizada y desarmarla, en general las grandes organizaciones delictivas saben cómo evadir la ley,  en ese sentido las señales de este tipo son muy claras respecto de lo que está ocurriendo en El Salvador con las denominadas maras».

En cuanto a nuestra realidad local y su incidencia en la causa de los DDHH, Hiram Villagra se explaya respecto de un tema encubierto: «darle facultades a carabineros para que reprima con mayor fuerza las manifestaciones sociales, sobre todo después del estallido social, es algo que no se dice explícitamente, pero que aparece en las declaraciones de algunos parlamentarios de derecha| y en el sentido mismo de la ley”, sobre lo cual el jurista de la corporación CODEPU enfatiza que se requiere relevar algunos aspectos que circundan sobre este tema: “Claramente la señal política que se proyecta es pésima, este país no entendió lo que ocurrió en octubre, no se entendió que los niveles de injusticia, corrupción, desigualdad social, habían generado un punto de presión social muy fuerte, en consecuencia era necesario corregir las desigualdades, donde la elección del presidente Boric se sustenta precisamente en el espíritu de octubre, entonces que hoy aparezcan combatiéndolo resulta bastante complicado”.

El segundo aspecto desarrollado por el abogado constitucionalista, dice relación con la eficiencia de la propuesta aprobada por la mayoría de las diputadas y diputados: “es ineficiente, la estructura de la legítima defensa ya estaba desarrollada en nuestro sistema penal, la defensa legítima en favor de terceros, esto lo que hace es invertir el peso de la prueba, lo cual trasgrede los propios protocolos que Carabineros de Chile se habían asignado para sus acciones, está en contra también de los principios emanados desde las Naciones Unidas en cuanto a la protección de los Derechos Humanos.”

Desde la experiencia penal internacional, se han levantado diversas resoluciones sobre este tema, en los trabajos desarrollados los criterios para utilizar la fuerza pública están bastante claros, conforman un sistema que protege e impide interpretaciones catastrofistas, en nuestro país la derecha debe olvidarse de una segunda ley de amnistía, relata el director de CODEPU,

Según informaciones publicadas en algunos medios digitales, ejemplifica Hiram Villagra, “no fue desmentida la versión que relata la decisión del ex presidente Piñera de asestar un golpe represivo, los carabineros le señalaron que requerían garantías de que no habrá un segundo Punta Peuco. Con esta exigencia, el ex mandatario no pudo cristalizar su intento de golpe, con respaldo militar contra las protestas de octubre.”

Si quieren que esta iniciativa se convierta en una segunda ley de amnistía, precisa el jurista Hiram Villagra, “como la ley de 1978 con una versión más tecnificada, no les va a resultar, desde el poder judicial, con los avances en materia de derechos humanos y nuestra experiencia judicial, no lo va a permitir.”