La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, anunció la aprobación de la ley que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años sin aprobación en el Parlamento del país. La jefa del Gabinete precisó que su Gobierno evita de esa manera «muchas horas de debate». Esta reforma provocó una ola de protestas en la sociedad francesa.
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«Estoy comprometida con nuestro modelo social, y esta reforma es fruto de un compromiso con el que coincidieron los legisladores de ambas Cámaras del Parlamento. Estoy dispuesta a asumir mi responsabilidad. Según el artículo 49.3 de la Constitución, el Gobierno asume la responsabilidad por esta ley», declaró Borne en una reunión en la Asamblea Nacional.
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La primera ministra de Francia presentó el 10 de enero un proyecto de reforma, según el cual las autoridades del país empezarán a retrasar la edad de jubilación tres meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023, hasta alcanzar los 64 años en 2030, también se suspenderá el «especial» régimen de trabajo previsto hasta ahora para ciertas profesiones difíciles.
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Por su parte, la líder del partido Agrupación Nacional (extrema derecha), Marine Le Pen, afirmó que la primera ministra del país debe dimitir porque «sus actos son una bofetada a la democracia».
«Este es su fracaso. No veo cómo puede seguir en el cargo. Tiene que dimitir», aseveró Le Pen en BFMTV tras la reunión de la Asamblea Nacional.
La reforma provocó una ola de protestas en la sociedad francesa. En dos meses en Francia se declararon ocho huelgas generales y centenares de manifestaciones organizadas por los sindicatos, de las que la mayoría movilizaron a más de un millón de personas a lo largo de todo el país. Las protestas estuvieron acompañadas de revueltas y choques con los agentes del orden público.
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Los participantes de las protestas exigen fijar la edad de jubilación en 60 años y acogen con escepticismo las explicaciones de las autoridades sobre la necesidad de tal reforma que pretextan la escasez de recursos presupuestarios para el pago de las pensiones.